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El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves Robles, no fue el único que se lanzó a la calle este martes, con una manifestación progobierno en contra otro poder del Estado. Lo mismo hizo 18 de marzo el mandatario de Colombia, Gustavo Petro Urrego, igualmente con amenazas hacia otro poder, en su caso el legislativo.
Chaves reunió a su gabinete en la Casa Presidencial, en Zapote, les hizo subirse a un bus y los llevó a la sede del Poder Judicial, para exigir la renuncia del fiscal general, Carlo Díaz, que dirige varias decenas de investigaciones judiciales contra él.
Petro, por su parte, convocó a una marcha contra el Senado colombiano y lanzó advertencias contra la cámara que debe tomar una decisión en torno a una consulta popular sobre la reforma laboral que impulsa el mandatario.
En el caso del costarricense, se movilizaron 34 autobuses, algunos de los cuales trajeron grupos de personas; se reunieron varios centenares de manifestantes en la Plaza de la Justicia, reclamando contra el fiscal, quien por su cargo debe dirigir las investigaciones que se presenten contra los miembros de los supremos poderes, incluyendo el presidente de la República.
Chaves, mandatario con visiones de derecha y conservadoras, se ha dedicado a lanzar advertencias y amenazas contra ese jerarca judicial, en medio de una crisis de la seguridad y un incremento histórico de los homicidios en la nación centroamericana.
En el caso de Colombia, hubo manifestaciones en las principales ciudades, como Bogotá, Medellín y Cali, con banderas y carteles a favor de las reformas al sistema laboral y el de salud, puntas de lanza del primer gobierno de izquierda de Colombia.
El miércoles pasado, congresistas opositores de una comisión especializada firmaron una ponencia para archivar el proyecto de ley que pretende reformar las condiciones de los trabajadores, dejando esta iniciativa herida de muerte.
En consecuencai, Petro anunció que iba a convocar a una consulta popular para que sea la ciudadanía la que decida el futuro del texto.
La reforma que impulsa Petro busca aumentar establecer contrataciones laborales a término definido, al tiempo que se modificarían las jornadas de trabajo para reducir el turno de día y aumentar el recargo dominical, que se paga a los trabajadores que laboran en domingo o feriado.
El colombiano ha calificado como “esclavistas” a los grandes empresarios que, a su juicio, no ofrecen condiciones dignas.
Petro denuncia un “bloqueo institucional” y decretó un día cívico para permitir a los servidores públicos asistir a la jornada de protesta.
El dirigente izquierdista llegó al poder el 7 de agosto de 2022 con el respaldo del Congreso, que aprobó una reforma tributaria para aumentar los impuestos a los más ricos.
Sin embargo, luego el romance se terminó en medio de escándalos de presunta corrupción y, desde entonces, el mandatario apela a sus seguidores para mostrar el apoyo a sus proyectos ante el Legislativo.
