El presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, estableció una fecha para discutir la sanción al jefe de fracción de Nueva República, Fabricio Alvarado, por presunto abuso sexual.
En la sesión del plenario de este jueves, Arias leyó una resolución en la que establece que los informes sobre el proceso de hostigamiento sexual realizado contra el legislador evangélico se conocerán el próximo lunes, en la sesión ordinaria del plenario, a partir de las 3 p. m.
Además, el presidente del Congreso señaló que dicha sesión será pública, salvo que una mayoría calificada de legisladores, es decir 38 votos, decida realizar el debate de forma privada.
Para tomar esa decisión calificada, debe justificarse la excepción a los principios de publicidad y transparencia.
Arias también determinó que cada diputación podrá referirse al tema hasta por 15 minutos, pero indicó que, por una votación de 38 congresistas, se podrá establecer un debate reglado, con un reparto de los tiempos de forma proporcional para cada fracción.
En su resolución, el presidente aclaró que, según el Reglamento contra el hostigamiento sexual en la Asamblea Legislativa para diputados y diputadas, se dará por discutido ese asunto a las 7 p. m. del lunes y se pondrá a votación de inmediato.
La comisión que investigó la denuncia contra Fabricio Alvarado por presunto hostigamiento sexual emitió tres informes, dos de los cuales recomiendan dictar la amonestación ética pública al jefe de Nueva República por presunto hostigamiento sexual.
Un informe firmado por la fabricista Olga Morera y el diputado chavista Waldo Agüero recomienda no sancionar al congresista denunciado por abuso sexual.
En cambio, el informe de Alejandro Pacheco, presidente de la comisión que investigó la denuncia, sí recomendó la sanción, así como el que presentó la independiente Johana Obando.
Chavistas y fabricistas intentan bloquear sanción
Una vez que Rodrigo Arias dictó su resolución, los diputados Rosalía Brown y José Pablo Sibaja apelaron, bajo el argumento de que el presidente Arias “le pasó encima” al Reglamento legislativo en cuanto a los tiempos para discutir el asunto.
Sibaja y David Segura alegaron que el tema bien podría discutirse el martes, y no el lunes, como lo estableció el jerarca del Congreso.
Dicha apelación se tuvo que argumentar y se puso a votación, pero solamente 14 personas estuvieron a favor, mientras que otros 35 congresistas votaron en contra.
Fueron seis chavistas y sus cinco aliados de Nueva República, un independiente, una liberacionista y un diputado de la Unidad quienes votaron contra la resolución de Arias.
José Pablo Sibaja argumentó que Arias, Liberación Nacional y el Frente Amplio están muy urgidos de discutir la sanción a Fabricio Alvarado, y que les gusta sentirse “jueces de la República como si tuvieran criterio” y alegó que ya el caso está judicializado.
Ya los criterios de la Asesoría Legal y de Servicios Técnicos de la Asamblea habían determinado que el proceso administrativo contra un diputado denunciado por abuso sexual no es excluyente del proceso penal establecido.
Segura, por su parte, adujo que la decisión de Arias es un atropello a Fabricio Alvarado. “No sé si es ensañamiento o una sacada de clavo por lo que pasó con los magistrados”, dijo.
En respuesta a la apelación, Rodrigo Arias manifestó que, entre los principios rectores del Reglamento contra el hostigamiento están, entre otros, el derecho a una vida sin violencia, al principio de igualdad ante la ley y a la no discriminación.
Además, señaló que cuando el diputado denunciado esté por perder su condición de legislador, o bien ya la haya perdido, se debe tomar una decisión lo antes posible, de manera anticipada.
“Para que la Asamblea pueda conocer el asunto de previo, antes de terminar el periodo constitucional al que han sido electos, la presidencia legislativa puede facilitar la tramitación del expediente para que se conozca y resuelva definitivamente el asunto”, dijo Arias.
El presidente añadió que el motivo fundamental es que se logre ejercer la voluntad sobre dicho expediente antes de que termine el periodo legislativo y reconoció que casi se ve obligado a fijar una fecha y que se sometiera a votación, para que no quede en la impunidad.