La resolución que la presidenta legislativa Yara Jiménez leyó este miércoles en el plenario —y que ordena devolver por segunda vez la lista de candidatos a magistraturas suplentes de la Sala Constitucional— perfila un eventual fracaso del concurso que el Poder Judicial mantiene en marcha para elegir a los aspirantes de tres de las 12 vacantes.
El documento, de 18 páginas y elaborado por la legisladora del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), solicita a la Corte Suprema de Justicia que “proceda a conformar y remitir una nueva nómina completa, integrada por 24 nuevas personas candidatas”. La lista enviada al Congreso desde 2025 —y que ahora se ordenó devolver— fue diseñada para la elección de nueve suplentes, por lo que solamente incluyó 18 nombres.
Adicionalmente, en abril concluyó la postulación de candidatos para conformar la nómina correspondiente a las tres plazas restantes. En ese proceso participaron 36 personas y actualmente se encuentra en fase de evaluación de perfiles.
La decisión de Jiménez obligaría a desechar ese concurso e iniciar uno nuevo. Según el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, esto podría extenderse hasta por un año, lo que incrementa el riesgo de un cierre técnico del tribunal: la ausencia de uno de sus siete magistrados propietarios —por enfermedad u otra circunstancia— podría impedir su funcionamiento.
La Sala también enfrentaría una parálisis total si la Asamblea Legislativa decide, con al menos 38 votos, oponerse a la reelección automática del magistrado propietario Jorge Araya García, cuyo nombramiento vence el próximo 31 de octubre.
¿Por qué no se envió una lista con 24 candidatos?
Durante una audiencia en la Comisión de Nombramientos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre, aclaró a los diputados que integran el foro —entre ellos la propia Jiménez— la imposibilidad de que el Poder Judicial se comprometa a remitir una lista con 24 candidatos.
Explicó que las nóminas se elaboran tras un proceso de depuración, por lo que, si no existen suficientes aspirantes que cumplan con los requisitos, no es posible completar un listado con ese número.
Un criterio similar expresó el presidente de la Sala Constitucional, Fernando Castillo, en una entrevista con La Nación en junio. El magistrado señaló que las 18 personas incluidas en la lista “eran las que realmente consideró la Sala, y la Corte así lo validó, que reunían los atestados profesionales, académicos y los requerimientos éticos”.
Castillo insistió en que no es interés del tribunal remitir una lista de 24 nombres solo para completar la nómina. “Nosotros somos gente responsable; no vamos a mandarle a la Asamblea Legislativa personas que no están capacitadas, personas que de derecho constitucional o procesal constitucional saben lo que yo sé de física cuántica”, afirmó.
Agregó que se trata de procesos de selección rigurosos, en los que se actúa con criterios de objetividad, imparcialidad e independencia, con el objetivo de nombrar a las personas más idóneas.
El concurso inicia con una convocatoria pública a los interesados. Luego se reciben y analizan los atestados, se realizan estudios detallados de cada aspirante —tanto en su perfil profesional como académico y personal— y se llevan a cabo entrevistas por parte de la Sala Constitucional. Posteriormente, la nómina es validada en Corte Plena y continúa su trámite en la Asamblea Legislativa, incluida la Comisión de Nombramientos.
La Sala Constitucional opera desde el 16 de diciembre de 2025 sin magistrados suplentes, luego de que vencieran los nombramientos de todos ellos.