Los recortes presupuestarios al Poder Judicial, y en particular al Organismo de Investigación Judicial (OIJ), reducen las capacidades institucionales y generan una desventaja progresiva frente a las organizaciones criminales que cada vez tienen mayor tecnología, capacidad de adaptación y movilidad, así como recursos económicos.
Así lo señalaron dos jerarcas de la policía judicial en una carta enviada al diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), en la cual le respondieron una serie de dudas sobre el impacto de la reducción de presupuesto aprobada por la Corte Suprema de Justicia, a finales de junio, por un total de ¢13.000 millones para todo el Poder Judicial.
En el oficio 1416-ADM-OIJ-2026, firmado por Vladimir Muñoz, subdirector del OIJ, y Carolina Castillo, subjefa de Administración, con fecha del 14 de agosto, ambos señalan que la austeridad solicitada por el Poder Ejecutivo debe aplicarse en gastos que no comprometan las capacidades de investigación y seguridad, para evitar el debilitamiento de la institución responsable de investigar las estructuras criminales.
“El fortalecimiento del OIJ debe entenderse como una inversión en seguridad pública y en la protección del Estado de derecho”, manifestaron los jerarcas policiales.
En la nota, los funcionarios explicaron que, de los ¢13.000 millones en recortes aceptados por la Corte Plena, a solicitud del Poder Ejecutivo, el rebajo presupuestario para el OIJ sería de ¢4.990 millones.
Si bien esa reducción viene en parte de proyectos que no pudieron ejecutarse, otra parte tendría efectos en el pago de servicios esenciales y necesidades operativas, para los cuales la reducción presupuestaria disminuye el margen institucional para atender incrementos en el consumo, reajustes de precios, variaciones cambiarias o necesidades imprevistas para el resto del 2026.
La principal afectación del recorte se daría en la creación de la Oficina Regional del OIJ para los distritos de Tamarindo, Tempate y Cabo Velas, en el cantón de Santa Cruz, Guanacaste.
“Esta situación genera una afectación directa a la capacidad operativa institucional, al impedir la apertura de una oficina regional destinada a atender la demanda de servicios de investigación judicial”, explicaron los funcionarios judiciales.
Ello implicaría un impacto en el acceso efectivo a los servicios de justicia y la atención oportuna de las personas usuarias, porque implicaría mayores tiempos de desplazamiento para atención de denuncias, inspecciones, allanamientos, levantamiento de indicios y demás diligencias investigativas.
“El objetivo no debe ser simplemente contar con un OIJ que pueda continuar funcionando con menos recursos, sino garantizar que el OIJ conserve y desarrolle las capacidades necesarias para mantenerse por delante de la evolución de la criminalidad”, señalaron los jerarcas judiciales.
Adicionalmente, Muñoz y Castillo señalaron en la carta al diputado Antonio Trejos que, en materia de seguridad, la pérdida de capacidad institucional no siempre es visible de inmediato, pero cuando los efectos se manifiestan en el rezago, la pérdidad de oportunidad investigativa o la incapacidad para enfrentar nuevas modalidades criminales, “recuperar esa capacidad puede resultar mucho más costoso que haberla protegido oportunamente”.