La presión de los diputados, después de tres meses de pulso entre el Poder Judicial y el gobierno de Rodrigo Chaves, finalmente logró que el Poder Ejecutivo libere los ¢9.308 millones aprobados en el Presupuesto Nacional 2025 para la creación de 328 nuevas plazas en el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.
Voces de Liberación Nacional, el Liberal Progresista, el Frente Amplio y la Unidad Social Cristiana lamentaron que Chaves cediera hasta que se produjo un atentado mortal contra un jefe de la Policía Judicial.
“¿Quién más tiene que morir, compañeros? Estamos perdiendo la lucha y vidas de costarricenses. Según el presidente, se matan entre ellos. No. Hay víctimas colaterales. ¿Quién más tiene que morir, don Nogui (Acosta, ministro de Hacienda), para que usted diera el dinero que la Asamblea aprobó para las plazas del OIJ? Hoy, bajo la presión que recibe de esta Asamblea, es que finalmente permite que se gire el dinero”, reclamó Johana Obando, del Partido Liberal Progresista (PLP).
Este martes, el director del OIJ, Randall Zúñiga, anunció el acuerdo para la entrega de esos recursos, en tres tractos, luego de una conversación con el ministro de Hacienda, Nogui Acosta.
La primera parte de los recursos, poco más de ¢3.000 millones, serán entregados en marzo. En medio del acuerdo final para que el gobierno entregue los recursos está también una tragedia, el asesinato del subjefe de la policía judicial en Guápiles, Geiner Zamora, en manos de un sicario enviado presuntamente por una organización criminal que opera en Guápiles y Turrialba.
Lucha por recursos contra la inseguridad
En octubre, durante la discusión de mociones del Presupuesto Nacional, cinco fracciones aprobaron la incorporación de ¢7.013 millones para que el OIJ pueda contratar, durante el 2025, 255 nuevos funcionarios, así como ¢2.295 millones para la creación de 73 nuevas plazas en el Ministerio Público.
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Los recursos provenían de la partida destinada a pagar intereses de la deuda interna del Presupuesto 2025, puesto que los legisladores argumentaron que Hacienda sobreestimó la partida y era más necesario fortalecer los cuerpos policiales, a causa de la inseguridad.
Esos recursos fueron solicitados por Zúñiga y por el fiscal general, Carlo Díaz, para tener más personal para enfrentar la escalada de violencia que golpea al país, generada por el crimen.
Las fracciones que votaron a favor fueron Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiana (PUSC), Nueva República (PNR), Frente Amplio (FA) y Liberal Progresista (PLP).
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En contra votaron las diputadas Pilar Cisneros y Ada Acuña, del oficialista Partido Progreso Social Democrático (PPSD), quienes mantuvieron una línea de oposición contra esos recursos, dirigida desde la Casa Presidencial.
Cisneros lideró la presentación de una consulta constitucional contra esos recursos, bajo el argumento de que los legisladores habían aprobado las partidas sin tener recursos para darles sustento. No obstante, la Sala Constitucional rechazó esa gestión del oficialismo.
Las fracciones políticas se mantuvieron a la expectativa hasta que, a inicios de enero, el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, rechazó girar el dinero aprobado por la Asamblea para las 328 nuevas plazas del OIJ y la Fiscalía. Así lo confirmaba un oficio enviado al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre.
PLN depone medida de votar planes de gobierno en contra
La fracción del PLN lanzó, a inicios de enero, un grito de guerra contra la decisión del Poder Ejecutivo y amenazó con votar de forma negativa los proyectos del gobierno hasta que no se liberaran los recursos para fortalecer al OIJ y el Ministerio Público, porque era un grave retroceso en la lucha contra la violencia y la criminalidad que afecta a Costa Rica.
La amenaza se concretó finalmente este lunes, cuando los diputados votaron en contra un proyecto del Ejecutivo: el segundo debate del expediente 24.258, Aprobación de la adhesión al convenio por el que se instituye una organización internacional de metrología legal.
Este martes, el jefe del PLN, Óscar Izquierdo, anunció que deponían la medida contra los proyectos oficialistas, una vez que el director del OIJ anunció el acuerdo con Hacienda para la entrega de los recursos.
“Hemos dado una lucha por principios, por convicción. La decisión del PLN era sobre la base de la urgente necesidad de que esos recursos fueran girados. De ahora en adelante, estaremos votando los proyectos que consideremos convenientes para el país, del Ejecutivo o cualquier otra fracción”, dijo el vocero.
Aunque los verdiblancos votaron en contra del proyecto sobre metrología, no fue suficiente para impedir que la iniciativa se aprobara. No obstante, ese no fue el único ataque que recibió el gobierno por la negativa a girar los recursos.
“No les importa la inseguridad, no les importa que el narcotráfico siga haciendo de las suyas ni que el OIJ se esté deteriorando. Hay posibilidades de avanzar, con más recursos para que el OIJ pueda atender esta crisis, pero el gobierno sigue oponiéndose a que esos recursos lleguen”, dijo Jonathan Acuña, del FA.