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La fracción del Partido Pueblo Soberano (PPSO) bloqueó este lunes una moción de orden propuesta por el Partido Liberación Nacional (PLN) para rechazar y condenar las manifestaciones de la presidenta, Laura Fernández, contra la Sala Constitucional, a la que acusó de ejecutar un “golpe de Estado” judicial.
El pronunciamiento fue impulsado por la liberacionista Diana Murillo, quien señaló que las declaraciones de Fernández, junto con 24 congresistas de la bancada oficialista, fueron temerarias.
“Si bien es normal no coincidir con resoluciones o sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, se debe seguir el debido proceso y acudir a las instancias correspondientes y no generar criterios o manifestaciones alarmantes dentro de la población costarricense”, dice la moción.
La moción presentada por Murillo fue votada de forma afirmativa por los 26 legisladores del bloque opositor presentes en el plenario legislativo, mientras que los 30 del PPSO votaron en contra de la iniciativa para condenar las manifestaciones de la mandataria.
“Las palabras de la presidenta tienen un impacto mucho mayor que cualquier persona. Es normal no coincidir, pero no se vale hacer afirmaciones temerarias”, dijo la liberacionista.
Iztarú Alfaro también condenó que se hable de conceptos tan delicados, cuando la Sala solo busca resolverles los problemas y la tutela de los derechos fundamentales a los costarricenses.
El oficialista José Miguel Villalobos alegó que “no solo hay golpes de Estado literales sino también golpes de Estado institucionales”. El diputado también rechazó que les pidan votar contra lo que ellos mismos apoyaron el viernes pasado, al acuerpar a Laura Fernández.
Nogui Acosta, vocero del PPSO, insistió en su argumento de que la resolución constitucional es espuria porque reclama que los magistrados puedan decirle al Congreso qué puede y qué no puede hacer.
Sentencia constitucional
La sentencia de la Sala Constitucional, anunciada el jueves pasado, dispuso prorrogar el periodo de los 12 magistrados suplentes, a quienes se les venció el nombramiento en diciembre de 2025, hasta que el Congreso elija a los nuevos jueces de ese tribunal.
Además, rechazó la devolución de la nómina de aspirantes que hizo la presidenta legislativa Yara Jiménez, apoyada por Pueblo Soberano.
La fracción oficialista actual se ha negado a dar sus votos para escoger al menos nueve suplentes, tomados de la lista de 18 candidatos que presentó la Corte Suprema de Justicia en octubre del año pasado.
La misma negativa aplicaron la bancada oficialista anterior, liderada por la entonces diputada Pilar Cisneros y sus aliados de otras fracciones, en particular la Unidad Social Cristiana (PUSC) y Nueva República (PRN).
La negativa a nombrar suplentes impide que se puedan resolver más de 100 expedientes en los que varios magistrados propietarios se inhibieron, por lo que es urgente contar con jueces que puedan asegurar que la Sala Constitucional siga funcionando.
La Sala aclaró que la prórroga ordenada solo es efectiva para “evitar la paralización del órgano y solo en los casos más urgentes e indispensables”, es decir, en aquellos en que las magistraturas propietarias están imposibilitadas de votar asuntos por encontrarse incapacitadas o inhabilitadas.
La sentencia también ordena a Yara Jiménez Fallas, presidenta de la Asamblea Legislativa, o a quien ejerza el cargo, que ponga la nómina de candidatos a conocimiento del plenario “en la próxima oportunidad posible, respetando los parámetros establecidos en la resolución”.
Además, se condenó al Estado al pago de las costas, daños y perjuicios, los que se liquidarán en sentencia de lo contencioso-administrativo.
El viernes, molesta por la decisión de los magistrados constitucionales, Laura Fernández aseguró que ese fallo violentó la división de poderes y acusó a la Sala de haber cometido una especie de “golpe de Estado judicial”.
