La eliminación de la colegiatura obligatoria para ejercer la mayoría de las profesiones liberales implicaría cambios que van más allá de pertenecer o no a un colegio profesional. La diputada Abril Gordienko, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), advirtió sobre otro punto: el papel que asumiría el gobierno en el control de los profesionales al grado de que podría inhabilitar a los que le resulten incómodos.
Y existe un antecedente muy cercano: lo ocurrido en Nicaragua con la inhabilitación de abogados opositores.
En una entrevista con La Nación la legisladora cuestionó aspectos del expediente 25747, presentado por la diputada Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO). En particular, Gordienko señaló los artículos relacionados con la creación de un Registro Nacional de Profesionales y con la potestad disciplinaria sobre funcionarios públicos.
El proyecto ingresó a la corriente legislativa el 27 de agosto. La iniciativa pretende eliminar la colegiatura obligatoria como requisito para ejercer la mayoría de las profesiones liberales, aunque establece excepciones.
Registro quedaría adscrito al MEIC
El artículo 5 del proyecto plantea la creación de un Registro Nacional de Profesionales adscrito al Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC).
De acuerdo con la interpretación de la diputada del PUSC, la actividad disciplinaria relacionada con el desempeño de profesionales que trabajan para el Estado correspondería al patrono público, en lugar del respectivo colegio profesional.
“Otro aspecto me preocupa muchísimo, que está en el artículo 3, es el que me hace pensar que aquí están dejando, en un párrafo de dos oraciones, un portillo para que un gobierno inhabilite a profesionales que les resulte incómodos”, mencionó.
Gordienko considera que esta modificación requiere mayor discusión. En su criterio, trasladar competencias disciplinarias al Estado podría reducir los contrapesos independientes que existen en el ejercicio de determinadas profesiones.
La legisladora indicó que actualmente los funcionarios pueden enfrentar responsabilidades administrativas, civiles o penales. Estas consecuencias son independientes de los procesos disciplinarios de los colegios profesionales, según explicó.
Falta de detalles
Para Gordienko, el expediente es escueto en materia de procedimientos y no precisa cuáles criterios se utilizarían para determinar faltas profesionales ni desarrolla todos los mecanismos para resolver posibles conflictos.
Por esa razón, evitó precisar cuáles garantías de debido proceso cambiarían para los profesionales. Sostuvo que el texto disponible no permite determinar esos alcances y que algunos aspectos podrían requerir reglamentación posterior.
La diputada también cuestionó que el proyecto asigne al Estado la protección de los usuarios mediante la aplicación de normas de responsabilidad civil, administrativa y penal. Según Gordienko, esas responsabilidades ya forman parte del ordenamiento jurídico.
Posible concentración de poder
Gordienko rechazó atribuir a Marta Esquivel una intención de censurar o controlar políticamente a los profesionales.
La diputada del PUSC dijo que no podía afirmar que ese fuera el objetivo de la proponente. Sin embargo, sostuvo que la redacción actual del proyecto podría generar una concentración de potestades y tiende a querer ejercer control sobre profesiones que deben ser independientes.
“El proyecto trata de poner un pie sobre territorio que debe mantenerse independiente y politizar espacios que deben ser técnicos e independientes. Y eso es lo que me parece muy peligroso”.
Legisladora menciona caso de Nicaragua como ejemplo
Gordienko mencionó lo ocurrido en Nicaragua como un ejemplo de los riesgos que pueden surgir con la aprobación del proyecto de ley. Cerca de 2.000 abogados fueron inhabilitados por el gobierno de ese país y quedaron imposibilitados para ejercer, en un contexto en el que no existe un colegio profesional de abogados en funcionamiento.
Para Gordienko, trasladar controles desde colegios profesionales independientes hacia una institución estatal puede afectar la autonomía, la especialización técnica y el rigor en la fiscalización del ejercicio profesional.
La propuesta define el registro de profesionales del MEIC como un sistema público, digital, gratuito y de acceso permanente, destinado a registrar la información de las personas habilitadas para el ejercicio profesional en el territorio nacional.
Gordienko expresó dudas sobre el costo de crear y operar la plataforma, en momentos en que, según señaló, existen restricciones de recursos para áreas como educación, cultura y el sector social. También, cuestionó si el MEIC tendría los recursos y conocimientos especializados para asumir nuevas responsabilidades relacionadas con profesionales de múltiples disciplinas.
Sin embargo, su principal preocupación se concentra en las funciones que actualmente ejercen los colegios profesionales. Según la diputada, esas organizaciones cumplen tareas de control ético, vigilancia del ejercicio profesional y fiscalización de la calidad.
La legisladora planteó dudas sobre la capacidad de un registro estatal para sustituir o asumir esas labores ante la diversidad de profesiones y especialidades existentes en Costa Rica.
Gordienko espera que sectores sean escuchados antes de decidir
La diputada reconoció que pueden existen aspectos del funcionamiento de los colegios profesionales que pueden someterse a revisión y discusión.
Entre ellos mencionó las tarifas mínimas establecidas en algunas profesiones y las dificultades para reconocer u homologar títulos obtenidos en el extranjero, pero eso no requiere necesariamente una modificación como la planteada en el expediente 25747.
Según Gordienko, la discusión debe incorporar criterios técnicos, experiencias y evidencia sobre los posibles efectos del cambio.
En caso de llegar a votación, la iniciativa requeriría mayoría simple para su aprobación, es decir, el respaldo de la mitad más uno de los diputados presentes.
Colegios profesionales se oponen al proyecto
La propuesta también generó oposición de colegios y organizaciones profesionales que plantearon preocupaciones relacionadas con la fiscalización, la ética profesional y la protección de las personas que contratan estos servicios.
Entre los que se manifestaron se encuentran el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, el Colegio de Profesionales en Informática y Computación (CPIC), el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos (CFIA) y representantes del sector médico, entre otros actores que cuestionaron distintos alcances de la iniciativa.