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La Unión de Fiscalías de Colegios Profesionales de Costa Rica y el Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria manifestaron su oposición al expediente 25.747, que propone eliminar la colegiatura obligatoria para ejercer la mayoría de las profesiones liberales, con algunas excepciones.
La iniciativa fue presentada por la diputada Marta Esquivel, del Partido Pueblo Soberano (PPSO).
El proyecto ingresó a la Asamblea Legislativa el jueves 27 de agosto. La propuesta permitiría que personas con títulos universitarios de instituciones públicas o privadas ejerzan determinadas profesiones sin la obligación de incorporarse a un colegio profesional.
La Unión de Fiscalías sostiene que la reforma podría reducir la capacidad para vigilar el ejercicio profesional y sancionar faltas éticas o técnicas. La agrupación considera que ese cambio tendría consecuencias para las personas que contratan servicios profesionales.
Según la organización, la fiscalización actual permite investigar posibles incumplimientos, detectar casos de ejercicio ilegal de una profesión y ofrecer a los usuarios una instancia para reclamar ante eventuales actuaciones deficientes.
La Unión de Fiscalías sustentó parte de sus argumentos en la sentencia 2000-005137 de la Sala Constitucional, del 28 de junio del 2000. Según la agrupación, el fallo reconoció el papel de estas entidades en el control de la actuación de los profesionales para proteger a quienes utilizan sus servicios.
La organización también considera que una modificación de los controles podría favorecer el ejercicio de personas sin la formación o habilitación correspondiente. Además, advirtió sobre posibles diferencias entre profesionales que cumplen requisitos de colegiatura, capacitación y normas éticas y quienes ejerzan fuera de esos controles.
Colegio de Veterinarios cuestionan alcance de la reforma
El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria también expresó su rechazo al expediente. La entidad considera que la iniciativa podría afectar las competencias actuales para fiscalizar, regular y verificar la idoneidad profesional.
En medicina veterinaria, la organización recordó que la actividad comprende áreas vinculadas con salud pública, seguridad alimentaria, bienestar animal y manejo de determinados medicamentos. Por esa razón, sostiene que la fiscalización resulta necesaria para el ejercicio de la profesión.
Silvia Coto, presidenta de la entidad, señaló que una reducción de esas facultades podría afectar los mecanismos disponibles para denunciar eventuales deficiencias en servicios profesionales. La jerarca mencionó actividades como contabilidad, construcción, odontología, agronomía y medicina veterinaria.
La organización cuestionó además las diferencias que, según su interpretación, introduce la propuesta entre distintas profesiones. Afirmó que el texto no establece criterios suficientes para justificar esa distinción.
El Colegio de Profesionales en Medicina Veterinaria informó que la próxima semana se incorporará al trabajo coordinado por la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (Fecoprou) para analizar las implicaciones del proyecto.
La Unión de Fiscalías, por su parte, solicitó a los diputados revisar técnicamente el expediente antes de avanzar con su trámite. La organización pidió estudiar sus posibles efectos sobre la fiscalización, el ejercicio ilegal de profesiones y la calidad de los servicios.
Otras organizaciones profesionales se suman a cuestionamientos
La oposición al proyecto 25.747 también se extendió a otras organizaciones profesionales, que expresaron preocupación por los cambios propuestos en la colegiatura y sus posibles consecuencias sobre la fiscalización de quienes ejercen distintas profesiones.
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica señaló que la existencia de estas organizaciones no responde únicamente a intereses gremiales. Según su posición, cumplen una función relacionada con la idoneidad, la ética y la responsabilidad profesional, además de ofrecer mecanismos especializados de control y protección para la ciudadanía.
La organización sostuvo que esos controles buscan proteger a las personas frente a los riesgos asociados con un ejercicio profesional sin competencia, responsabilidad o principios éticos. También anunció que recurrirá a las vías institucionales y democráticas disponibles para procurar que el proyecto no sea aprobado.
El Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica también manifestó su oposición. La organización expresó preocupación por los posibles efectos de la iniciativa sobre la fiscalización del ejercicio profesional, la protección de terceros y la fe pública.
La entidad considera que la propuesta de una colegiatura voluntaria requiere un análisis específico que determine las razones por las cuales determinadas actividades quedarían fuera de un régimen especial de control. Francisco Ovares Moscoa, presidente del Colegio, afirmó que su posición no pretende defender privilegios gremiales ni limitar la libre competencia.
Ovares indicó que estas organizaciones cumplen tareas de fiscalización, actualización profesional y vigilancia del cumplimiento ético. También participan en la adopción de normas técnicas internacionales vinculadas con sus respectivas áreas profesionales.
La Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (Fecoprou) se sumó al rechazo del expediente 25.747. La organización cuestionó la propuesta de eliminar la colegiatura obligatoria para la mayoría de las profesiones liberales, con algunas excepciones.
Anny Chaves Quirós, presidenta de Fecoprou, sostuvo que la propuesta aborda el ejercicio profesional desde una perspectiva principalmente comercial. Según la dirigente, ese enfoque deja de lado la función social atribuida al ejercicio de las profesiones y lo acerca a una actividad de carácter mercantil.
