La colegiatura obligatoria es uno de los requisitos que deben cumplir profesionales de distintas áreas para ejercer en Costa Rica. Una iniciativa presentada en la Asamblea Legislativa propone modificar este modelo.
Se trata de un proyecto impulsado por la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO) Marta Esquivel para eliminar el requisito en la mayoría de las profesiones liberales, con algunas excepciones.
El plan ingresó a la corriente legislativa el jueves 27 de agosto y recibió el número de expediente 25.747.
Ante la propuesta, organizaciones como el Colegio de Contadores Públicos de Costa Rica manifestaron su oposición, pues les preocupa los posibles efectos sobre la fiscalización del ejercicio profesional, la protección de terceros y la fe pública.
Para el Colegio, la colegiatura voluntaria que propone la iniciativa no se puede plantear sin un análisis específico que determine por qué esta profesión quedaría fuera de las que requieren un régimen especial de control.
“Nuestra posición no responde a la defensa de privilegios gremiales, ni a una oposición a la libre competencia. Los colegios profesionales no son simples asociaciones privadas ni de meros intereses privados, por décadas hemos realizado labores de fiscalización, actualización profesional, cumplimiento ético, adopción de normativas internacionales de índole técnico”, señaló Francisco Ovares Moscoa, presidente del Colegio.
¿Qué preocupa a los contadores públicos?
Uno de los principales cuestionamientos de los contadores se relaciona con las potestades de fiscalización y disciplina, las cuales quedarían limitadas a los profesionales que decidan permanecer afiliados.
A criterio de la entidad, esta situación provocaría que personas dedicadas a una misma profesión estén sometidas a regímenes de control diferentes.
El Colegio también señaló que el proyecto no define cuál autoridad especializada fiscalizaría desde el punto de vista técnico, ético y disciplinario a los contadores públicos que ejerzan sin pertenecer a la organización. Tampoco establece un mecanismo equivalente para proteger a usuarios y terceros.
Los contadores públicos autorizados emiten certificaciones, informes y otros trabajos con carácter de documento público, los cuales sirven de fundamento para decisiones de personas, empresas e instituciones públicas y privadas.
Por esa razón, el Colegio sostiene que el trabajo de estos profesionales trasciende la relación con sus clientes y puede tener efectos sobre terceros. La entidad argumenta que esta condición justifica mantener mecanismos específicos de supervisión.
Proyecto plantea un Registro Nacional de Profesionales
Otro cambio cuestionado por la organización consiste en sustituir la incorporación a los colegios por la inscripción en un Registro Nacional de Profesionales. El Colegio afirmó que registrar un título académico no equivale a fiscalizar de manera permanente el ejercicio de una profesión.
La entidad considera que ese registro tampoco garantiza por sí mismo el cumplimiento de normas técnicas y éticas. Este punto forma parte de los argumentos utilizados para solicitar que la Asamblea Legislativa mantenga el esquema vigente para los contadores públicos.
El Colegio también advirtió sobre un posible impacto en las fuentes de financiamiento asociadas con sus funciones. Aseguró que el proyecto no establece cómo se sostendrían o quién asumiría las labores que actualmente desempeña la organización para fiscalizar el ejercicio profesional.
Colegio pide rechazar el proyecto de Marta Esquivel
Ovares sostuvo que la función del Colegio busca velar por la calidad, integridad y confiabilidad del ejercicio de la Contaduría Pública. Según el representante, la organización procura que los profesionales mantengan las competencias técnicas y éticas necesarias para desempeñar sus responsabilidades.
El Colegio de Contadores Públicos solicitó rechazar en su totalidad el expediente 25.747. La entidad considera que debilitar los controles actuales representa un riesgo para la fe pública y para quienes utilizan servicios profesionales.
La oposición a la iniciativa también surgió desde otros colegios y organizaciones profesionales, como el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica así como la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Costa Rica (Fecoprou).