Colegio de Abogados se opone a proyecto que busca eliminar la colegiatura obligatoria en Costa Rica: ‘Trasladaría a la ciudadanía los riesgos’
El colegio adelantó que ejercerá por las vías institucionales y democráticas correspondientes las acciones necesarias para procurar que este proyecto no sea aprobado
Colegio de Abogados se opone a la iniciativa de la abogada y diputada Marta Esquivel. JOHN DURAN
Colegio de Abogados se opone a la iniciativa de la abogada y diputada Marta Esquivel. (JOHN DURAN/John Durán)
El Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica expresó “su profunda preocupación y oposición” al proyecto de ley tramitado bajo el expediente 25.747, que propone eliminar la colegiatura obligatoriacomo requisito para ejercer la mayoría de las profesiones liberales en Costa Rica, salvo algunas excepciones.
La propuesta de la diputada del oficialista Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, fue presentada este jueves 27 de agosto en la corriente legislativa.
“Su existencia (de los colegios) no responde a fines corporativos, sino a un modelo que garantiza la idoneidad, la ética y la responsabilidad en profesiones que impactan directamente a la ciudadanía. Gracias a ello, el país cuenta con mecanismos especializados de control y protección que fortalecen la confianza social, la seguridad jurídica y el desarrollo profesional en beneficio de Costa Rica.
Su razón de ser responde, fundamentalmente, a la protección de la sociedad frente a los riesgos derivados de un ejercicio profesional carente de competencia, responsabilidad o ética”, dice el comunicado emitido la tarde de este viernes.
El Colegio de Abogados advierte que ejercerá, por las vías institucionales y democráticas correspondientes, las acciones necesarias para procurar que este proyecto no sea aprobado.
Agregan que ese Colegio ya ha convocado a los demás gremios profesionales del país para abordar conjuntamente las implicaciones de esta iniciativa legislativa y les insta a sumarse.
Advierten riesgos
Advierten que debilitar esas funciones sin proveer un sistema equivalente de fiscalización y responsabilidad profesional supone “trasladar a la ciudadanía los riesgos que actualmente previene el control ejercido por los colegios profesionales”.
Según ese colegio, la libertad de ejercicio profesional y la promoción de la competencia son objetivos legítimos, pero no pueden alcanzarse a costa de disminuir los mecanismos de protección del interés público.
Para ese colegio, en su caso, la responsabilidad adquiere una dimensión adicional: una abogacía independiente, ética y debidamente fiscalizada constituye una garantía para la ciudadanía y un componente esencial del Estado social y democrático de derecho.
“Lo que está en juego es el modelo mediante el cual Costa Rica garantiza la idoneidad, la ética y la responsabilidad de quienes ejercen profesiones que inciden directamente sobre los derechos, el patrimonio, la salud, la seguridad y las libertades de las personas”, cierra el comunicado.
Marta Esquivel, diputada de Pueblo Soberano, es abogada de profesión. Fue magistrada suplente. (Esteban Rojas//La Nación)
El proyecto de Esquivel, quien es abogada de profesión, prohibiría a instituciones públicas y privadas exigir la colegiatura profesional como requisito para ejercer una profesión, acceder a un empleo o prestar servicios cuando esta no sea obligatoria por ley.
La regla sería la voluntariedad de asociación al colegio profesional, salvo tres excepciones: médicos, abogados e ingenieros, pero igualmente bajo ciertos límites. Es decir, algunos de esos profesionales no requerirían adherirse a su colegio para laborar legalmente.
Por ejemplo, la iniciativa exceptúa de esa obligación a los funcionarios públicos, “por cuanto la actividad disciplinaria le corresponde al patrono y no al colegio profesional”.
El plan también prohíbe la fijación de tarifas u honorarios obligatorios por parte de las corporaciones gremiales y elimina el cobro de timbres, cuotas y contribuciones forzosas para trabajar.
Las comisiones o montos establecidos por los colegios operarían únicamente como parámetros de referencia no vinculantes, sujetando la regulación de precios a situaciones excepcionales y temporales fijadas por el Ejecutivo.
