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Un proyecto de ley presentado en la Asamblea Legislativa propone modernizar el sistema de financiamiento vial en Costa Rica mediante la creación de un Fondo Nacional de Peajes, que concentraría los recursos recaudados en carreteras del país.
La iniciativa, que se tramita bajo el expediente 25.450, fue presentada por el diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Carlos Felipe García, y plantea la creación de un fondo de peajes, que concentraría los ingresos generados en las distintas rutas para destinarlos a la conservación, rehabilitación y construcción de infraestructura vial.
La propuesta de ley fue presentada el pasado 17 de marzo, por lo que se encuentra en su fase inicial, a la espera de que el Directorio Legislativo defina la comisión que se encargará de su estudio.
Actualmente, Costa Rica cuenta con varios puntos de cobro de peaje en carreteras nacionales administradas por el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), entre ellas las autopistas Braulio Carrillo, Florencio del Castillo, General Cañas y Bernardo Soto. A estos se suma la Ruta 27 (San José–Caldera), operada bajo concesión.
Las tarifas son definidas por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) y varían según el tipo de vehículo.
Cambios en la inversión de los peajes
El proyecto establece que el fondo sería administrado por el Conavi y que los recursos no podrían destinarse a gastos administrativos, sino exclusivamente a obras de infraestructura vial.
Según el texto, actualmente, la legislación obliga a que los recursos de peajes se reinviertan exclusivamente en el tramo donde se cobran, lo que limita la capacidad del Estado para atender necesidades urgentes en otras zonas del país.
Con el nuevo esquema, los fondos podrían utilizarse en proyectos estratégicos a nivel nacional, según criterios técnicos de prioridad, impacto y planificación, lo que permitiría atender carreteras en mal estado, puentes con riesgo estructural o emergencias viales, independientemente de dónde se genere el ingreso.
La iniciativa de García cita modelos internacionales, como los de Corea del Sur, Chile y Estados Unidos, donde los ingresos vinculados al uso de carreteras se administran de forma centralizada para financiar el sistema vial en su conjunto.
Además, el proyecto abre la posibilidad de establecer nuevos peajes en carreteras donde sea técnica y financieramente viable, siempre que existan estudios que respalden su conveniencia.
El texto argumenta que el país enfrenta un rezago en infraestructura vial debido a bajos niveles de inversión, lo que ha generado deterioro en la red de carreteras, atrasos en proyectos y mayores costos económicos.
“La reforma propuesta no se limita a ampliar las fuentes de financiamiento, sino que busca modernizar el modelo de gestión vial para responder a desafíos estructurales del país”, señala la exposición de motivos.
“Un sistema integrado de administración de peajes, respaldado por criterios técnicos y financieros, permitirá priorizar intervenciones estratégicas, mitigar riesgos de deterioro, optimizar el uso de recursos públicos y fortalecer la infraestructura nacional”, agregó García.
De acuerdo con la propuesta, una gestión más flexible de los recursos permitiría optimizar el uso del dinero público, priorizar intervenciones según urgencia y mejorar la sostenibilidad del sistema vial.
