La diputada del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Marta Esquivel, presentó un proyecto de ley para trasladar la administración del Régimen No Contributivo (RNC) de Pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
La iniciativa sostiene que el RNC es un programa de asistencia social financiado principalmente con recursos públicos y que, por esa razón, su administración debería corresponder al Ministerio de Trabajo y no a la CCSS.
El RNC atiende a las personas más pobres de Costa Rica, principalmente adultos mayores que no lograron cotizar lo suficiente o no cotizaron del todo en su vida laboral para obtener una pensión por vejez. El beneficio de este régimen incluye un pago mensual de ¢82.000, aguinaldo y cobertura del Seguro de Salud.
En la exposición de motivos, la diputada argumenta que la Caja fue creada constitucionalmente para administrar los seguros sociales y que asumir programas adicionales ha incrementado su carga administrativa y los tiempos de respuesta.
El texto incluso señala que la institución acumula un creciente número de solicitudes pendientes del Régimen No Contributivo y afirma que actualmente no cuenta con capacidad ociosa para atender nuevas funciones.
Como respaldo, el proyecto incorpora un gráfico que muestra que el pendiente de solicitudes pasó de 9.982 casos en 2020 a 33.947 en marzo de 2026.
Al cierre de abril pasado, este fondo cubría a 159.274 beneficiarios. Sin embargo, según confirmó a La Nación el gerente de Pensiones de la CCSS, Jaime Barrantes, el régimen acumula 32.000 solicitudes pendientes que no han podido resolverse por falta de recursos.
En la exposición de motivos, la iniciativa también reconoce que ese rezago está asociado a la insuficiencia de fondos para nuevas pensiones, además de señalar que la CCSS enfrenta una creciente carga administrativa.
“Por lo anterior, se prevé que estos niveles continuarán con este comportamiento creciente a menos de que se tomen medidas, tales como el reforzamiento en la asignación de recursos para otorgar pensiones adicionales o, en su defecto, se hace indispensable la suspensión en la recepción de nuevas solicitudes", indica el texto.
Este diario informó en mayo que, la falta de recursos ha provocado una avalancha de recursos de amparo ante la Sala Constitucional por la imposibilidad de otorgar jubilaciones en plazos razonables, pues la institución estima que, con las limitaciones presupuestarias actuales, la espera podría extenderse hasta tres años.
Además, la Contraloría General de la República advirtió que el presupuesto asignado al Régimen No Contributivo para el 2026 fue el más bajo de los últimos cinco años y atribuyó esa reducción principalmente a una disminución de las transferencias del Gobierno Central.
Ese faltante presupuestario llevó a la CCSS a proyectar un déficit superior a los ¢60.000 millones para atender el régimen durante este año.
¿Qué propone el proyecto?
Para hacer efectivo el traslado, el proyecto reforma varias leyes relacionadas con el financiamiento del Régimen No Contributivo, entre ellas la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf), la Ley de la Junta de Protección Social, el Código de Trabajo y otras normas que regulan los recursos destinados a estas pensiones.
El texto también argumenta que el Ministerio de Trabajo ya administra distintos regímenes de pensiones por medio de la Dirección Nacional de Pensiones, por lo que considera que cuenta con la experiencia y la estructura necesarias para asumir el RNC.
Cambios clave:
- Traslada al MTSS la administración del Régimen No Contributivo, incluyendo el análisis de solicitudes, la aprobación de beneficiarios y la gestión del programa.
- El Ministerio de Trabajo asumiría la reglamentación del régimen, por lo que pasaría a definir los procedimientos para otorgar, suspender o revisar las pensiones.
- La CCSS dejaría de administrar los recursos del programa, aunque continuaría brindando el seguro de salud a los beneficiarios del RNC. El costo de esa cobertura sería asumido por el MTSS.
- Las fuentes de financiamiento del régimen también pasarían a ser administradas por el Ministerio de Trabajo, por lo que el proyecto modifica distintas leyes que hoy asignan esos recursos a la CCSS.
- Se establece un periodo de transición de hasta 12 meses para concretar el traslado, durante el cual la Caja seguirá administrando el programa hasta que el MTSS cuente con las condiciones necesarias para asumirlo.