La Universidad Nacional (UNA) efectuó este miércoles el primero de tres debates entre candidatos presidenciales, de cara a las elecciones de febrero del 2026.
En esta primera jornada, participaron José Aguilar Berrocal, de Avanza; Claudia Dobles, de Coalición Agenda Ciudadana (CAC); Juan Carlos Hidalgo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); Boris Molina, de Unión Costarricense Democrática (PUCD); y Fernando Zamora, de Nueva Generación (PNG).
El rector de la UNA, Jorge Herrera Murillo, señaló que para la actividad de este miércoles también se convocó a la candidata del partido chavista Pueblo Soberano (PPSO), Laura Fernández, pero que esta declinó a participar.
“La Universidad Nacional hizo un sorteo aleatorio entre todos los candidatos, para las distintas fechas y a todas las personas se les hizo una invitación. En el caso de doña Laura Fernández, ella declinó asistir el día de hoy al debate, sin embargo, nosotros no podemos reprogramar fechas, porque ya se habían definido aleatoriamente”, explicó Herrera.
La misma situación se presentó con el exministro Luis Amador Jiménez, candidato del Partido Integración Nacional (PIN), quien también rechazó ser parte del debate en la fecha asignada.
Las consultas a los presidenciables giraron alrededor de las propuestas que promoverían los candidatos, en un eventual gobierno, en los campos del medioambiente, seguridad, educación, salud y apoyo al sector agro.
Acuerdo de Escazú
En la primera ronda, se consultó a los candidatos si ratificarían el Acuerdo de Escazú, tratado internacional negociado en Costa Rica sobre el acceso a la información, la justicia y la participación pública en materia ambiental para América Latina y el Caribe.
En febrero del 2023, los opositores al acuerdo en la Asamblea Legislativa sepultaron el plan al alegar que el tratado incluye un mecanismo de participación ciudadana, dentro del proceso de revisión de proyectos y actividades productivas, que podría frenar “cualquier” actividad productiva.
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Al respecto, solo Claudia Dobles dijo que promovería la ratificación del Acuerdo de Escazú.
José Aguilar, Juan Carlos Hidalgo y Fernando Zamora se pronunciaron en contra, mientras que Boris Molina consideró que el tratado “no hace falta, pero si fuese necesario, no habría ningún problema en que se apruebe”.
Hidalgo y Aguilar dijeron estar en contra porque consideran que el país cuenta con la legislación suficiente y que el Acuerdo más bien podría entorpecer el desarrollo del país.
Zamora, por su parte, argumentó que el tratado afectaría la soberanía del país y Molina mencionó que el país ya tiene demasiadas leyes.
Zonas francas
Uno de los temas en el que los cinco candidatos coincidieron, fue en la negativa a imponer impuestos a las zonas francas, principalmente por la situación de incertidumbre que atraviesa el sector desde que el presidente Donald Trump regresó al poder en Estados Unidos, a inicios del año, y la política arancelaria que ha impulsado durante su segunda administración.
En su lugar, los aspirantes se manifestaron a favor de subir el nivel del régimen ordinario y facilitar las condiciones de estas empresas, para que puedan ser competitivas y lograr equiparar sus resultados, con los que que registran las zonas francas.
Seguridad: un candidato decretaría emergencia y otro propone un acuerdo con la Unión Europea
En la ronda sobre seguridad, Fernando Zamora sostuvo que decretaría emergencia, mientras que Claudia Dobles hizo énfasis en acompañar las acciones de represión con medidas preventivas, en aquellas comunidades más vulnerables.
Boris Molina mencionó la necesidad de unificar las policías y luchar contra el consumo de drogas. Alegó que Costa Rica dejó de ser un país de tránsito para convertirse en un país captador de droga, y que por eso los decomisos han disminuido, porque los narcóticos se comercializan a lo interno.
Juan Carlos Hidalgo dijo que el Estado no tiene la capacidad de controlar la seguridad de puerto Moín. En consecuencia, propone un acuerdo policial con la Unión Europea, para que la Europol esté destacada en el muelle y garantice que los contenedores no estén contaminados.
José Aguilar promovería una Ley de Extinción de Dominio y dijo que la situación actual pasa también por los “gobiernos comunistas” de Gustavo Petro y Nicolás Maduro.
Reclamos por el ROP
Si bien el debate transcurrió sin mayores exabruptos, sí se vio interrumpido en algunos momentos por los cánticos de un grupo de personas que asistió para exigir a los candidatos un compromiso para la entrega de los fondos del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP).
Una vez finalizado el uso de la palabra de los candidatos de que los candidatos, algunos levantaban la voz para pedir el ROP. Ante esto, reaccionaron Boris Molina y Fernando Zamora, quienes saliéndose del protocolo y sin que el tema se haya puesto en discusión por la organización del debate, afirmaron están a favor de la entrega del ROP.
Acceso a salud
Sobre el cierre de las brechas territoriales en el acceso a la salud, Fernando Zamora apostó por la creación de más de 250 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis), mientras que José Aguilar y Juan Carlos Hidalgo promovieron la tercerización de estos centros primarios.
El candidato de Avanza también dijo que está abierto a analizar la posibilidad de dirigir recursos de la explotación del oro y gas a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para mejorar su financiamiento, siempre que haya mitigación de las externalidades ambientales.
Por su parte, el aspirante socialcristiano mencionó la necesidad de fortalecer los hospitales regionales y promover la regionalización en la formación de especialistas.
Claudia Dobles enfatizó en la necesidad de que el gobierno no obstaculice a la CCSS en la puesta en marcha de su cartera de inversión porque, en su criterio, esta responde justamente a una planificación destinada a cerrar las brechas territoriales. Además, ofreció pasar a un esquema de red integrada de salud pública, en lugar de ver a los hospitales como simples actores individuales.
Al contrario, Boris Molina cuestionó la tercerización de servicios de la Caja a empresas. Alegó que este modelo ha representado un debilitamiento de la CCSS. Igualmente, criticó el impago de la deuda del Estado con la Seguridad Social y se comprometió a honrar este pendiente.