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Gilbert Díaz Vásquez, presidente del Directorio Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación Costarricense (SEC), presentó este miércoles 19 de agosto una querella por el presunto delito de difamación contra Rodrigo Chaves, ministro de Hacienda y de la Presidencia.
Díaz también solicitó que la Sala Tercera admita la querella y traslade las diligencias a la Asamblea Legislativa para que se tramite el levantamiento de la inmunidad de Chaves.
El documento, del cual La Nación tiene copia, fue recibido a las 10:56 a. m. de este miércoles en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.
La querella se origina en declaraciones que Chaves realizó durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial el 5 de agosto. Díaz cuestiona afirmaciones del mandatario sobre sus ingresos, las cuotas que recibe el SEC y un supuesto uso de fondos sindicales para actividades personales.
Según el escrito, Chaves afirmó que Díaz percibe ingresos mensuales por ¢11,5 millones y que obtiene ¢4 millones al mes por su labor en el SEC. También aseguró que el sindicato recibe $4 millones mensuales por las cuotas de maestros y profesores.
La querella incluye además una afirmación de Chaves sobre el supuesto uso de fondos del sindicato para financiar actividades como “rodeos de vacas y caballos”.
Díaz sostiene en el documento que esas afirmaciones son falsas. Como parte de la prueba aportó una constancia salarial emitida el 7 de agosto, según la cual recibió en julio un salario bruto de ¢4.090.852 por su trabajo en el SEC y un salario líquido de ¢2.260.416,34 después de las deducciones.
El dirigente también niega que el SEC reciba $4 millones mensuales mediante las cuotas de sus afiliados y rechaza utilizar o desviar recursos sindicales para financiar rodeos u otras actividades personales.
El escrito recoge además que Chaves se refirió a Díaz como “Gilbertito, el dictador eterno” y “el Albino Vargas del SEC” durante la conferencia de prensa.
Querella plantea difamación y, de forma subsidiaria, calumnia
Díaz plantea la difamación como delito principal, con fundamento en el artículo 146 del Código Penal. La querella sostiene que las afirmaciones difundidas públicamente fueron falsas y afectaron el honor, buen nombre y crédito social del dirigente.
De forma subsidiaria, solicita que se valore el delito de calumnia, contemplado en el artículo 147 del Código Penal, si se determina que la afirmación sobre el supuesto uso de recursos sindicales para actividades personales constituye la imputación falsa de un delito.
La querella no plantea el delito de injuria. Según el escrito, esta figura no se incluyó porque las expresiones no fueron realizadas en presencia de Díaz, sino divulgadas ante terceros.
Pide enviar diligencias a la Asamblea Legislativa
La querella señala que Chaves cuenta con un fuero de improcesabilidad penal por su condición de ministro.
Díaz argumenta que esa protección no impide que la Sala Tercera admita la querella. El escrito plantea que el levantamiento de la inmunidad constituye una condición necesaria para que pueda continuar el proceso penal.
Por esa razón, solicita a los magistrados que admitan la querella y trasladen las diligencias a la Asamblea Legislativa para que los diputados tramiten el antejuicio y se pronuncien sobre el levantamiento de la inmunidad.
Según el documento, la decisión sobre si hay lugar a formación de causa penal requiere el voto de al menos dos terceras partes del total de diputados.
La petición se fundamenta en los artículos 143 y 121, inciso 9), de la Constitución Política. El escrito también cita los artículos 395, 396 y 397 del Código Procesal Penal para el trámite correspondiente.
Díaz pide retractación y disculpa pública
Díaz no presentó una acción civil resarcitoria ni solicitó una indemnización económica.
En cambio, pidió que Chaves se retracte y ofrezca una disculpa pública. Según la querella, esa retractación deberá realizarse en vivo durante una conferencia de prensa oficial en Casa Presidencial y permanecer publicada en el canal oficial de YouTube de la Presidencia.
El dirigente solicita que Chaves desmienta las afirmaciones sobre los ¢11,5 millones de ingresos mensuales, los $4 millones que supuestamente recibe el SEC cada mes y el supuesto uso de fondos sindicales para rodeos.
También pide que se indique su salario y que la disculpa pública se dirija a Díaz y a los afiliados del SEC.
SEC había anunciado acciones legales
El SEC había anunciado el 11 de agosto que emprendería “las acciones legales correspondientes” por las manifestaciones de Chaves sobre los ingresos de Díaz y las cuotas de la organización.
El sindicato calificó entonces las declaraciones como “falsas y difamatorias” y afirmó que “las autoridades competentes determinarán las responsabilidades”.
La organización negó que Díaz percibiera ¢11,5 millones mensuales e informó que su salario neto era de ¢2.260.416,34.
También rechazó recibir $4 millones mensuales por cuotas sindicales. Según indicó entonces el SEC, los montos por ese concepto “ni siquiera alcanzan una cuarta parte de esa cifra”.
