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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Orlando Aguirre Gómez, le solicitó a la presidenta de la Asamblea Legislativa, la oficialista Yara Jiménez, sostener una reunión para establecer mecanismos de coordinación entre el Congreso y el Poder Judicial.
Aguirre remitió la carta a Jiménez este martes, para solicitarle audiencia a la jerarca parlamentaria, un día después de que varios representantes del Poder Judicial sostuvieron una cita con la presidenta de la República, Laura Fernández, y el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves.
En la nota remitida a la presidenta legislativa, Orlando Aguirre le pide a Jiménez la cita orientada a fortalecer la comprensión recíproca de las respectivas funciones de los dos poderes, las necesidades institucionales y capacidades operativas.
“El inicio de una nueva legislatura ofrece una oportunidad valiosa para ordenar canales de comunicación claros, transparentes y respetuosos de las competencias constitucionales de cada poder y explorar oportunidades de cooperación”, dijo el presidente de la Corte Suprema, en su carta.
Aguirre le señaló a la presidenta del Congreso que, para el Poder Judicial, ese entendimiento resulta especialmente relevante en los asuntos relacionados con la administración de justicia, la organización judicial su estructura de gobernanza y las reformas legales que puedan incidir en su funcionamiento.
Por ahora, la presidencia de la Corte Suprema de Justicia no ha recibido confirmación de la fecha para reunirse con Yara Jiménez, según respondieron a consulta de La Nación.
El despacho de la presidencia del Congreso tampoco respondió si se le había dado respuesta a la solicitud de Orlando Aguirre para tener una reunión con la jerarca parlamentaria.
En su comunicación con la Asamblea Legislativa, el presidente de la Corte se declaró convencido de que una relación profesional, fluida y técnicamente ordenada entre poderes puede contribuir a mejorar la calidad de la deliberación legislativa y a fortalecer los servicios que recibe la ciudadanía.
El lunes, en la reunión sostenida con la presidenta de la República, Laura Fernández, los jerarcas del Poder Judicial acordaron con la mandataria crear un mecanismo permanente de comunicación entre el Poder Ejecutivo y la Fiscalía General de la República, así como una mayor coordinación entre el Ministerio de Seguridad Pública, la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).
La Corte se comprometió al refuerzo de controles anticorrupción en el Poder Judicial, así como entablar la discusión sobre el uso de las pruebas de polígrafo a funcionarios vinculados con investigaciones sensibles relacionadas con el crimen organizado, además de la agilización del levantamiento de cuerpos en accidentes de tránsito y la reducción de los tiempos para ejecutar allanamientos solicitados por la Policía de Control de Drogas (PCD).
Donde no hubo acuerdos fue en el supuesto bloqueo a las reformas legales que el Ejecutivo plantee sobre el Poder Judicial, ni en la supuesta persecución política que el gobierno de Laura Fernández, así como el de Chaves antes que ella, achacaron a las autoridades judiciales.
