La Presidencia de la República respondió al magistrado Jorge Araya García y enumeró una serie de casos judiciales que, según el Poder Ejecutivo, respaldan las afirmaciones de la presidenta Laura Fernández sobre la supuesta presencia del narcotráfico y estructuras criminales dentro del Poder Judicial.
La respuesta se emitió después de que Araya cuestionó públicamente a Fernández por no contestar una solicitud de información que presentó el 28 de julio.
El magistrado presentó esa gestión en calidad de ciudadano. Solicitó las pruebas que sustentaban una afirmación de Fernández, quien aseguró que el crimen organizado y el narcotráfico penetraban el Poder Judicial. Araya sostuvo este miércoles que el plazo de 10 días hábiles, establecido en el artículo 27 de la Constitución Política, venció sin que hubiera recibido respuesta.
Horas después, Presidencia remitió el oficio. En este, Fernández reafirmó su posición y sostuvo que existen antecedentes conocidos públicamente que permiten sustentar sus señalamientos sobre la presencia del crimen organizado en instancias judiciales.
“Se puede constatar a partir de los antecedentes y casos de extrema gravedad conocidos públicamente, tales como la situación judicial y la extradición del exmagistrado de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, Celso Gamboa Sánchez, además de las múltiples causas penales tramitadas contra funcionarios del Poder Judicial por vínculos con organizaciones criminales”, señaló el Ejecutivo.
El documento no lleva la firma de la mandataria. Alexander Astorga Monge, director del despacho presidencial, suscribió la respuesta e indicó que actuó siguiendo instrucciones de Fernández.
Presidencia enumera casos judiciales
Como parte de su respuesta, Presidencia citó el Caso Talamanca, del 2021. Según el oficio, en ese expediente se acusó a un juez penal y a un fiscal de facilitar impunidad, devolver bienes decomisados y suministrar información anticipada sobre intervenciones telefónicas a personas vinculadas con organizaciones criminales.
También mencionó el Caso Corruptela en Limón, correspondiente a los años 2022 y 2023. Presidencia señaló que la investigación involucró a técnicos judiciales, defensores públicos y un exjuez. Según el documento, las sospechas incluyeron cobros de dinero para desestimar causas y alertar sobre futuros allanamientos.
La lista incorpora los casos Paso Canoas y Sartra, también de los años 2022 y 2023. El Ejecutivo afirmó que esas investigaciones detectaron fugas de información desde el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y tribunales de justicia. También hizo referencia a la presunta venta de claves de acceso a sistemas informáticos y de bases de datos, así como alertas dirigidas a organizaciones vinculadas con el tráfico internacional de cocaína.
Otro de los expedientes citado por Presidencia es La Unión, del 2024. El oficio señala que tres fiscales y tres jueces fueron investigados por presunto tráfico de influencias, cohecho y violación de secretos. Zapote atribuyó a esa investigación sospechas por filtraciones de información confidencial sobre operativos y causas penales.
Gobierno menciona caso de Celso Gamboa
Presidencia incluyó además el proceso contra Celso Gamboa Sánchez, exmagistrado de la Sala Tercera y ex fiscal adjunto de la República.
El oficio recordó el arresto de Gamboa con fines de extradición hacia Estados Unidos. Presidencia señaló que las autoridades estadounidenses lo acusan de conspiración para el tráfico de drogas y de brindar asesoría y protección legal a estructuras vinculadas con el narcotráfico internacional.
El Ejecutivo también citó el Caso Madre Patria. En su respuesta, lo presentó como otro ejemplo de la presunta penetración de organizaciones criminales en estructuras judiciales, debido a investigaciones contra jueces y agentes judiciales por una posible colaboración con la organización investigada.
Presidencia pide un papel más activo al Poder Judicial
Además de enumerar esos casos, Presidencia trasladó parte del cuestionamiento hacia la cúpula judicial. El Ejecutivo señaló que las autoridades superiores del Poder Judicial cuentan con facultades de fiscalización, control y acceso a información relacionada con expedientes abiertos contra funcionarios de esa institución.
El oficio agregó que el tema se incorporó en la agenda de la última sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, con el propósito de discutir asuntos relacionados con seguridad nacional junto con autoridades judiciales. Presidencia afirmó que representantes del Poder Judicial declinaron asistir a esa reunión.
La respuesta llegó después de que Araya reprochó el silencio inicial de Fernández. El magistrado afirmó que la falta de respuesta afectaba a unas 14.000 familias vinculadas con el Poder Judicial y defendió la labor de los funcionarios de esa institución.