Escuchar
El magistrado de la Sala Constitucional, Jorge Araya García, cuestionó este miércoles a la presidenta Laura Fernández Delgado por no responder una solicitud de información relacionada con sus afirmaciones sobre la infiltración del crimen organizado y el narcotráfico en el Poder Judicial.
Araya aseguró que el plazo constitucional de 10 días hábiles para recibir una respuesta venció sin que la mandataria atendiera su gestión. El magistrado presentó la petición el 28 de julio, en calidad de ciudadano, para solicitar las pruebas que respaldan las declaraciones de Fernández sobre el Poder Judicial.
“El pasado 28 de julio le formulé una pregunta, en mi carácter de ciudadano, a la presidenta Fernández, en la que le decía que me brinde las pruebas cuando ella afirmó; leo textualmente la carta que le remití: ‘Se está metiendo hasta en los tuétanos del Poder Judicial el crimen organizado y el narcotráfico’. Los 10 días que establece la Constitución Política en su artículo 27 vencieron ayer. La respuesta de la presidenta Fernández fue el silencio”, mencionó el magistrado.
El funcionario cuestionó públicamente el silencio de la presidenta y sostuvo que la ausencia de respuesta afecta a las cerca de 14.000 familias vinculadas con el Poder Judicial. También defendió la labor de quienes trabajan en esa institución.
“Presidenta Fernández, su silencio ofende una vez más a 14.000 familias judiciales que trabajan con fuerza, con honor, con cariño, con rectitud en pro de este país. Su silencio ofende la dignidad nacional. Presidenta Fernández, le pregunto: ¿cómo quiere usted que la recuerde la historia?”, concluyó Araya.
Declaraciones de Fernández provocaron reacción de la Corte
La discusión surgió a inicios de julio. Fernández afirmó durante una conferencia en Casa Presidencial que el crimen organizado y el narcotráfico se infiltraban en el Poder Judicial. La mandataria hizo el señalamiento al referirse al caso del exmagistrado Celso Gamboa, extraditado a Estados Unidos por una acusación de tráfico internacional de drogas.
Las declaraciones provocaron una reacción de los magistrados. La Corte aprobó un pronunciamiento para pedir a la presidenta que presentara las denuncias ante las instancias correspondientes si tenía conocimiento de casos concretos.
En ese pronunciamiento, la Corte sostuvo que mantiene una política de cero tolerancia frente a la corrupción. También indicó que permanecerá atenta para detectar, denunciar y sancionar actos irregulares dentro de la institución.
Durante la discusión del tema, magistrados de distintas salas rechazaron los señalamientos de Fernández. Los funcionarios consideraron que las afirmaciones carecían de sustento y defendieron la institucionalidad del Poder Judicial.
