“No podemos seguir haciendo o tratando de traer mociones como estas acá para seguir haciendo un circo, como se quiere hacer de esta comisión, lo cual no vamos a permitir la fracción oficialista”, indicó Gonzalo Ramírez, presidente de la comisión y diputado del PPSO.
La primera de las mociones buscaba convocar a Lourdes Suárez Barboza, presidenta ejecutiva del AyA, para que explicara aspectos de su gestión.
La propuesta incluía consultas sobre abastecimiento de agua potable, infraestructura, interrupciones del servicio, atención de emergencias y observaciones de la Contraloría General de la República. También, planteaba abordar los problemas de disponibilidad de agua reportados durante el incendio ocurrido en Metrópolis, en Pavas, donde murieron dos personas.
La moción pretendía consultar a Suárez sobre señalamientos relacionados con su trayectoria como funcionaria pública y el denominado Caso Richter, sin atribuirle responsabilidad.
El diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), Eder Hernández, sostuvo que la comisión debía fiscalizar la gestión institucional y conocer las medidas aplicadas ante los problemas de abastecimiento. Otros legisladores respaldaron la necesidad de analizar la seguridad hídrica y el estado de la infraestructura.
La propuesta recibió cuatro votos a favor y cinco en contra.
Propuesta para el Cen-Cinai tampoco consiguió los votos
La comisión discutió posteriormente una moción para convocar al ministro de Salud, Alexander Sánchez, y a la directora nacional de Cen-Cinai, María Marta Carballo, con el propósito de analizar posibles afectaciones en servicios de transporte y cuido.
Quienes promovieron la comparecencia señalaron que pretendían conocer los cambios aplicados en la institución y determinar cómo se utilizaron los recursos públicos destinados a servicios para la niñez.
El oficialismo justificó su oposición con el argumento de que Sánchez y Carballo ya comparecieron ante la Comisión de Asuntos Hacendarios el 9 de setiembre. Según lo expuesto durante la sesión, en esa audiencia se abordaron el presupuesto, los servicios, el transporte, la alimentación y el personal.
El presidente de la comisión consideró que una nueva audiencia supondría repetir una discusión ya realizada. La moción quedó rechazada por cinco votos contra cuatro.
Comisión rechaza investigar contrato de Hello Brete
La tercera discusión se concentró en el programa Hello Brete del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y su contratación con el consorcio integrado por Open English y Radiográfica Costarricense S. A. (Racsa).
Una de las mociones planteaba abrir un expediente para investigar las responsabilidades políticas, administrativas y financieras relacionadas con la tramitación, adjudicación y ejecución del contrato.
La moción proponía convocar a Rudolf Lücke, exministro de Hacienda; Edgar Oviedo, presidente ejecutivo del INA; Juan Alfaro, expresidente ejecutivo del INA; y Mauricio Barrantes, gerente general de Racsa, entre otros comparecientes.
También solicitaba al INA el expediente administrativo completo de la contratación de Hello Brete y a Racsa documentos sobre la constitución del consorcio SE Pura Vida, integrado por Open English y Racsa, así como información sobre la distribución de responsabilidades, costos y ganancias entre las partes.
Los promotores de la investigación citaron datos según los cuales 99.000 usuarios quedaron inactivos durante los primeros cuatro meses del programa.
El diputado Stefan Brunner puso en duda algunos de los cálculos utilizados en la propuesta. Señaló que una licencia costaba $80 y sostuvo que una misma licencia podía ser utilizada posteriormente por otra persona, por lo cual cuestionó que la salida de usuarios pudiera contabilizarse automáticamente como una pérdida de recursos públicos.
Una primera moción sobre Hello Brete recibió cuatro votos a favor y cinco en contra. Una segunda propuesta, que añadió cuestionamientos sobre la recopilación y protección de datos personales de los usuarios, obtuvo el mismo resultado.
Los legisladores que impulsaron esta última iniciativa señalaron que buscaban determinar la finalidad de solicitar datos sensibles, entre ellos información relacionada con orientación sexual e identidad de género. También plantearon consultas sobre los protocolos para almacenar y proteger esos datos.
En contraste con esos rechazos, la comisión aprobó por unanimidad una moción relacionada con la concesión de la ruta 27 San José-Caldera. La propuesta permitirá recibir al consultor Federico Villalobos para analizar aspectos técnicos del acuerdo suscrito en el 2015 y los escenarios ante el vencimiento de la concesión previsto para el 2033.
Durante la sesión, los diputados de oposición cuestionaron que las iniciativas no recibieran respaldo. Desde el oficialismo se sostuvo, en cambio, que la comisión debía evitar duplicar investigaciones desarrolladas en otras instancias legislativas o judiciales.
