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El Poder Judicial defendió el pago de horas extra en dependencias críticas y atribuyó a factores técnicos y a un aumento atípico de gestiones el rezago en la atención de reclamos por diferencias salariales, luego de señalamientos de la Contraloría General de la República (CGR) sobre ambos temas.
La CGR ordenó a la institución corregir el pago recurrente de tiempo extraordinario en algunas oficinas y atender la acumulación de solicitudes de estudios salariales que permanecen sin resolver desde hace más de una década.
Ante consultas de La Nación, el Poder Judicial afirmó que oficinas como el Servicio Penal de Turno Extraordinario de San José y la Oficina de Recepción de Denuncias del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) cumplen funciones esenciales que no pueden interrumpirse al finalizar la jornada ordinaria.
Una auditoría financiera de la Contraloría evidenció que durante el 2025, se destinaron ¢261 millones al pago de horas extra para ambas dependencias.
El Poder Judicial alegó que el personal de estos departamentos atienden denuncias las 24 horas, ejecutan diligencias urgentes ordenadas por autoridades judiciales y participan en allanamientos, operativos, capturas y detenciones, entre otras labores.
La institución subrayó que también intervienen en inspecciones de escenas del crimen, levantamiento de indicios, peritajes especializados y otras actuaciones que deben realizarse de inmediato para evitar la pérdida de evidencia o comprometer investigaciones.
Asimismo, destacó la atención de casos de alta sensibilidad como violencia doméstica, delitos sexuales y situaciones que involucran a personas menores de edad, que requieren respuestas inmediatas para proteger a las víctimas.
En materia penal, el Poder Judicial agregó que existen actuaciones sujetas a plazos procesales estrictos que no pueden postergarse sin afectar investigaciones o incumplir disposiciones legales.
“En este contexto, el reconocimiento de tiempo extraordinario no responde a un esquema ordinario de funcionamiento, sino a la necesidad de garantizar la continuidad de servicios públicos esenciales cuya demanda depende de hechos imprevisibles, de la complejidad de las investigaciones y de las decisiones adoptadas por las autoridades jurisdiccionales y de investigación”, justificó.
El Poder Judicial advirtió que suspender estas labores al concluir la jornada ordinaria podría generar pérdida de evidencia, atrasos en investigaciones, incumplimiento de plazos legales y riesgos para víctimas y testigos.
No obstante, la institución señaló que se mantiene en disposición de revisar y fortalecer los mecanismos de planificación, organización y control del tiempo extraordinario, en línea con lo recomendado por la Contraloría.
Reclamos salariales bajo análisis técnico
En cuanto a los reclamos por diferencias salariales, la CGR identificó una acumulación en la resolución de 920 gestiones administrativas por diferencias salariales que, presentadas entre el 2014 y hasta febrero de 2026. Los reclamos se concentran, principalmente, en los rubros de anualidades (70%) y carrera profesional (19%).
Sobre este punto, el Poder Judicial indicó que la cantidad de gestiones no equivale necesariamente a casos con derecho a reconocimiento económico, ya que cada solicitud requiere un análisis técnico individual para verificar la situación salarial de la persona, sus antecedentes administrativos, los periodos reclamados y el cumplimiento de los requisitos legales.
El Poder Judicial argumentó que, como resultado de estas revisiones, una proporción significativa de solicitudes se declara improcedente, ya sea por incumplimiento normativo o porque las personas se encuentran bajo esquemas salariales que no generan el derecho reclamado, como ocurre en algunos casos con quienes perciben salario global o remuneraciones superiores al salario global correspondiente.
La institución también señaló que en 2025 se registró un incremento extraordinario en la cantidad de gestiones. Solo en noviembre ingresaron 412 solicitudes de estudio de anualidades, en un contexto que, según indicó, estuvo marcado por la circulación de mensajes que incentivaban la presentación de reclamos, incluso cuando la normativa no permitía prever un reconocimiento económico.
Por ello, el Poder Judicial insistió en que el volumen de solicitudes debe analizarse considerando que cada caso requiere una valoración técnica previa y que una parte importante no concluye con el pago de diferencias salariales.
