La jefa del partido de gobierno, Pilar Cisneros, aseguró que el proyecto de ley del Frente Amplio para eliminar el régimen de pensiones para los expresidentes de la República podría ser una sacada de clavo de esa fracción legislativa con Rodrigo Chaves y Laura Fernández.
Durante la reunión de las jefaturas de fracción, este jueves, la vocera chavista alegó que su bancada está de acuerdo con la iniciativa de ley, pero no avalan la iniciativa del FA para dispensar de trámites el expediente 24.793 y que este pueda llegar directo al plenario del Congreso.
En esa reunión, el presidente de la Asamblea, Rodrigo Arias, consultó si había disposición para conocer la moción del FA para acelerar el trámite de la iniciativa; sin embargo, el jefe a. i. del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), Horacio Alvarado, pidió tiempo a la otra semana.
Cisneros, por su parte, dijo que no están de acuerdo con acelerarlo, porque sospecha que la intención de los frenteamplistas es dejar a Chaves y a Fernández, cuando terminen su periodo presidencial, en mayor próximo y en 2030, respectivamente, sin la pensión.
Frente a la acusación de Cisneros, la jefa del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, desmintió que la intención sea ninguna revancha contra nadie, pues recordó que no es la primera vez que su partido propone eliminar ese régimen. De hecho, el diputado electo José María Villalta había propuesto esa reforma durante su anterior diputación, en el periodo 2018-2022.
“No es cierto que sea una sacada de clavo, ni con Rodrigo Chaves ni con Laura Fernández. Este proyecto se presentó en enero de 2025, cuando ni por asomo se sabía que doña Laura iba a ser candidata, ni mucho menos presidenta”, dijo Alfaro.
La vocera del FA alegó que, más bien, podría ser que los chavistas quieran obstaculizar el proyecto y esperar que Chaves gane ese derecho a la pensión.
Tal como lo establece la legislación, al terminar su mandato, un gobernante se hace acreedor de una pensión igual a la remuneración mensual de un congresista, es decir, casi ¢4 millones.
La propuesta del frenteamplista Jonathan Acuña es suspender la pensión de ese régimen, si los beneficiarios actuales de esas pensiones reciben otras fuentes de ingresos superiores a tres salarios base.
En el caso de que los ingresos futuros superen dos veces el ingreso mensual promedio de los hogares costarricenses, los beneficiarios deben informar a la Dirección Nacional de Pensiones para suspender el pago.
La reforma también elimina el derecho a recibir, de forma simultánea, la pensión de expresidentes si la persona está recibiendo también una jubilación del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), del Magisterio Nacional o del Poder Judicial.
Según Pilar Cisneros, todos los demás expresidentes ya tienen su pensión, incluso Carlos Alvarado (2018-2022), quien no la está cobrando, pese a tener el derecho legal de hacerlo.
“La mayoría de expresidentes que la tienen la reciben desde los 40 y pico años”, dijo Cisneros.
No obstante, en realidad solo dos exmandatarios la reciben desde los 40 y tantos años, específicamente Rafael Ángel Calderón Fournier, desde los 45 años; y José María Figueres Olsen, desde los 43. Mientras tanto, en el caso de Carlos Alvarado, quien ganó el derecho en junio de 2022, a los 42 años, pero no la está cobrando.
En el caso de Miguel Ángel Rodríguez, la empezó a recibir a los 62; Abel Pacheco, a los 72; Óscar Arias, después del segundo mandato, a los 69; Laura Chinchilla, a los 55, y Luis Guillermo Solís, a los 60.
Rodrigo Chaves tendrá 64 años cuando empiece a recibir esa pensión y Laura Fernández Delgado tendrá 43 años, en 2030, cuando gane el derecho a recibirla.
Según Cisneros, ella ha sido frontal en ir contra las pensiones de lujo, pero alegó que en el caso de los exmandatarios que reciben dos o tres pensiones, se podría reducir el monto.
“Por el fondo, estoy totalmente de acuerdo, pero votaremos en contra de hacerlo atropellado”, dijo.
En el caso de Fabricio Alvarado, de Nueva República, dijo que no tendría problema de votar la moción, pero alegó que preferiría consultarle a sus compañeros, mientras que Eliécer Feinzaig, del Partido Liberal Progresista (PLP), dijo que no debería darse acuerdo de jefes de fracción, sino que la fracción proponente debería ir a buscar los votos.