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El presidente del Poder Judicial, Orlando Aguirre, descartó que la Corte Plena deba definir una solución a la falta de magistrados suplentes en la Sala Constitucional y sostuvo que le corresponde a ese mismo tribunal resolver el problema.
“El tema de la integración de la Sala Constitucional con suplentes es un tema que le corresponde resolverlo a la propia Sala. La Corte no puede ordenarle, a mi parecer, a la Sala cómo debe resolver el tema”, explicó Aguirre esta tarde durante una conferencia de prensa.
El Tribunal Constitucional no cuenta con magistrados suplentes porque el partido de gobierno, Pueblo Soberano (PPSO), se ha negado sistemáticamente a nombrarlos, pese a ser un mandato constitucional.
Actualmente, se tramitan varios recursos de amparo en contra de la Asamblea Legislativa por esta situación.
El presidente de la Corte recordó que varios juristas han propuesto soluciones para evitar la parálisis de la justicia constitucional. Entre ellas, nombrar a magistrados suplentes o propietarios de las otras salas (Primera, Segunda y Tercera) como auxiliares en la Constitucional.
“Le repito una vez más: resolver si se integra la Sala aplicando una norma que se ha señalado, el artículo 29 de la Ley Orgánica (del Poder Judicial), o si se utiliza cualquier otro mecanismo, es algo que debe resolver la propia Sala. No se olvide de que la Sala es un órgano jurisdiccional y que, como tal, le corresponde resolver el problema de esos suplentes”, cerró el magistrado presidente de la Corte.
Bloqueo del oficialismo
El pasado 15 de julio, la presidenta de la Asamblea Legislativa, Yara Jiménez, tomó la decisión de devolver a la Corte Suprema de Justicia la nómina de 18 candidaturas presentadas para esos nombramientos.
Esta es la segunda vez que el oficialismo envía de vuelta una nómina a la Corte Plena. La primera vez ocurrió el 10 de junio, cuando el PPSO aprobó una moción de orden para rechazar la nómina de 18 candidatos y exigirle a la Corte Suprema de Justicia que presentara una nueva lista de aspirantes a dichos puestos.
Tras esto, el 15 de junio, la Corte Plena acordó devolver intacta a la Asamblea Legislativa la nómina de candidatos a magistrados suplentes a la Sala Constitucional al argumentar que no se brindó un motivo para rechazar la actual nómina.
Luego de 11 rondas de votación en el plenario, el oficialismo se negó a elegir un solo suplente, de los nueve posibles. Así ocurrió tanto con la fracción de gobierno del periodo anterior, liderada por Pilar Cisneros, como la actual, que dirige Nogui Acosta.
El proceso para seleccionar la lista de 18 candidatos que llegó al Congreso en octubre del 2025 duró casi nueve meses, pues inició en enero de ese año y la lista fue avalada por la Corte Plena en setiembre, para ser enviada a la Asamblea Legislativa en octubre.
Con la decisión del PPSO, la Sala Constitucional queda en una situación delicada, ya que, si alguno de los magistrados propietarios se ausenta por jubilación, enfermedad, inhibición o vacaciones, el tribunal no podría sesionar. Ese estrado no tiene, a día de hoy, ni un suplente nombrado.
Para nombrar un suplente de la Sala Constitucional se requieren 38 votos, por lo que los 31 del PPSO son indispensables. La oposición junta es insuficiente para esa designación.
