El ministro de Hacienda, Nogui Acosta Jaén, afirmó que es inconstitucional destinar parte del crédito de apoyo presupuestario de 100 millones de euros, financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD), al pago de la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Desde el 2020, se aplica una política que asigna el 10% de cada préstamo internacional de este tipo al pago de dicha deuda, aunque algunos diputados han propuesto aumentar ese porcentaje hasta un 40%.
Este contrato de préstamo entre la AFD y Costa Rica estaría destinado a impulsar la política agroambiental y la iniciativa de agropaisajes sostenibles en el país, con el propósito de promover el desarrollo agrícola responsable y la protección de los ecosistemas.
Durante su comparecencia, este martes, ante la Comisión de Asuntos Hacendarios, el ministro explicó que la cláusula 13.1 del contrato, relacionada con los compromisos y obligaciones, establece que el crédito debe destinarse a implementar el programa y respaldar rubros del servicio de la deuda estatal. Por ello, utilizar parte de esos fondos para saldar la deuda con la Caja constituiría un incumplimiento unilateral.
Acosta señaló que, conforme al artículo 121, inciso 15, de la Constitución Política, la Asamblea Legislativa tiene la facultad de aprobar o improbar un crédito. Asimismo, señaló que el contrato es un componente esencial del préstamo, pues define las condiciones y restricciones para el uso de los fondos, de manera que cualquier modificación alteraría lo estipulado.
“Sería inconstitucional cualquier norma que se quiera asignar para el uso de los recursos que vaya en contraposición del contrato. Entonces, desde el punto de vista práctico, nosotros esperamos que los diputados, entendiendo esta posibilidad de incorporar una norma inconstitucional, no lo hagan y podamos hacer uso de los recursos”, afirmó Acosta en declaraciones a La Nación.
Las declaraciones del ministro contradicen lo señalado hace dos semanas ante la misma comisión por Jean-Philippe Berthelemy, representante de la AFD en Costa Rica. Berthelemy explicó que los fondos del crédito ingresarían a la Caja Única del Estado y podrían destinarse al apoyo presupuestario. Además, aclaró que la restricción sobre el uso de los recursos no fue establecida por la Agencia.
“No es tema de nosotros decirles cómo tienen que usar esa plata. (...) En el contrato de nosotros, no dice que no se pueden utilizar los fondos para tal o cual cosa. El contrato de nosotros dice que los fondos del préstamo servirán para financiar el presupuesto y la implementación del proyecto. Eso dice. No es excluyente”, explicó el representante.
El proyecto 24.583, que aborda el financiamiento, detalla que el crédito ofrecido por la AFD tiene un plazo de 20 años, de los cuales los primeros cinco años corresponden a un período de gracia, seguido por un período de amortización de 15 años. Asimismo, los fondos podrán ser desembolsados hasta el 31 de diciembre del 2026.
La gestión y el uso de los fondos estarían a cargo del Ministerio de Hacienda como entidad ejecutora, mientras que el Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) se encargará de la coordinación técnica, incluyendo la planificación, supervisión y monitoreo del proyecto.
Paulina Ramírez: ‘Haremos la revisión técnica y legal para ver si procede o no procede’
Paulina Ramírez, presidenta de la Comisión de Hacendarios, afirmó a este medio que se realizará la evaluación técnica y legal pertinente para decidir si se incorpora en el texto la asignación del 10% del crédito al pago de la deuda con la Caja, a pesar de las objeciones planteadas por el ministro de Hacienda.
“Según las observaciones que hace el ministro, se evidencia que está haciendo lo posible para que los diputados no podamos destinar el 10% y demuestra, a su vez, que no hay ninguna intención de que siquiera nosotros lo destinemos para el pago de esa deuda”, declaró Ramírez a este diario.
Durante la sesión, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN) expresó su preocupación por el aumento de la deuda externa, que, según datos de la Contraloría General de la República (CGR), alcanzaría un 37,9% en el 2025, de aprobarse estos créditos. Esto, advirtió, constituye un peligro debido al riesgo asociado a las fluctuaciones cambiarias.
El jerarca refutó esta afirmación, señalando que el Estado emplea un instrumento financiero denominado swap para mitigar dichos riesgos. En este acuerdo, una de las partes se compromete a intercambiar pagos de intereses a tasa fija por pagos a tasa variable (o viceversa), con el fin de reducir los riesgos financieros o los costos de financiamiento.
El diputado del Partido Nueva República (PNR), José Pablo Sibaja, también cuestionó al ministro sobre la verdadera urgencia y necesidad del crédito, considerando que este mismo año se rechazó un préstamo de $400 millones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la AFD, tras la exigencia de los diputados de destinar el monto completo a la CCSS.
Acosta aseguró que en el descarte también influyó el hecho de que el crédito “era demasiado caro para el Estado”.
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