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La Contraloría General de la República (CGR) encontró falencias en las contrataciones que la Municipalidad de San José ejecuta mediante procesos de excepción, según un informe que analizó las adjudicaciones hechas en el 2024, por ¢1.905 millones.
Según la auditoría, el municipio capitalino incumplió la Ley General de Contratación Pública (LGCP) y su Reglamento en el sistema digital unificado, lo cual impidió garantizar la debida aplicación de los mecanismos excepcionales.
Bajo un procedimiento por excepción, las instituciones públicas pueden contratar bienes o servicios sin seguir los procedimientos ordinarios de licitación pública o concurso, según ciertas circunstancias excepcionales establecidas por la ley, que ordena a las entidades dejar constancia de los motivos legales, técnicos y financieros de que la excepción sea la mejor opción.
Se constató una omisión generalizada de sustento documental clave en el sistema digital unificado en una revisión de 52 expedientes de 2024, faltando, por ejemplo, el archivo de decisión inicial (58%), el sondeo o estudio de mercado (83%) y criterios de evaluación diferentes al precio (90%).
Adicionalmente, se evidenció el incumplimiento de requisitos propios de cada tipo de excepción (como en las categorías de reparaciones indeterminadas y proveedor único), además de que hubo plazos de ofertas irrazonables y justificaciones inadecuadas para el uso de estos procedimientos.
Finalmente, entre las principales disposiciones enviadas al alcalde de San José, Diego Miranda, el ente contralor ordenó definir acciones para promover “una cultura institucional orientada a asegurar el uso justificado, planificado y en concordancia con los objetivos institucionales, de las contrataciones bajo los procedimientos de excepción”, además de actualizar los reglamentos internos para ajustarlos a la Ley General de Contratación Pública.
Ante consulta de este medio, la Municipalidad de San José indicó que el informe “no señala vicios de legalidad ni incumplimientos en los procedimientos realizados, sino que emite observaciones y recomendaciones con el objetivo de fortalecer los mecanismos de control interno institucional”.
Se agregó que la transición de la administración anterior a la actual “implicó un esfuerzo adicional por parte de la nueva administración para dotar a las áreas técnicas de mayores recursos humanos, insumos y herramientas para avanzar en una gestión más eficiente”.
