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Un acuerdo construido este martes entre las cinco fracciones legislativas permitió el avance del proyecto de reforma a la Ley Orgánica de Japdeva, para la construcción de la marina de Limón y otros proyectos, con la aprobación de una moción de texto sustitutivo impulsada por el Frente Amplio (FA), incluyendo el inusual apoyo de los legisladores oficialistas de Pueblo Soberano (PSO).
El acuerdo fue construido, primero, por las cuatro fracciones del bloque opositor y luego apoyado por el partido de gobierno.
Se trata del expediente legislativo 24.259, presentado por la exdiputada María Marta Carballo en el periodo anterior y apoyado por el gobierno de Rodrigo Chaves, desde agosto de 2024, como una alternativa a la ley jaguar, que le permitiera construir la marina de Limón y la terminal de cruceros.
El proyecto fue dispensado de todos los trámites desde aquel momento y quedó empantanado en el orden del día desde inicios de octubre de 2024, sin ningún avance, y con varias mociones de fondo por tramitar en el plenario legislativo.
El acuerdo de los cinco partidos barrió con ese bloqueo, pues una vez fue acordada la nueva redacción del texto, se desecharon las 28 mociones que estaban pendientes, presentadas por la anterior bancada frenteamplista, y el nuevo FA retiró nueve mociones propias.
Durante casi dos años ese proyecto fue cuestionado porque, en principio, permitiría a la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico y de la Vertiente Atlántica (Japdveva) desarrollar proyectos de infraestructura, comerciales, tecnológicos y de cualquier otra naturaleza, a través de alianzas estratégicas.
Aunque en principio la reforma evitaría la selección a dedo de los contratistas para los proyectos que busque desarrollar Japdeva, una de las principales críticas era el presunto debilitamiento de los procedimientos de contratación y de fiscalización de dichos proyectos.
El supuesto debilitamiento del texto provocó que, en los corrillos políticos, el proyecto de Carballo terminara conocido como la “ley jaguarcillo”. La etiqueta vino acompañada de fuertes cuestionamientos de partidos de oposición y de un congelamiento legislativo que se extendió por dos años.
La iniciativa modifica el artículo 5 bis de la ley 3091, Ley orgánica de Japdeva, que se refiere a las competencias de la Junta de Administración Portuaria.
A la propuesta inicial de Carballo para autorizar la contratación de infraestructura por parte de Japdeva, se le agregó que podrá contratarla “siempre y cuando se garantice, mediante estudios técnicos y de factibilidad, que la iniciativa genera beneficios económicos, financieros y sociales para Limón”.
El jefe frenteamplista, José María Villalta, dijo que el avance del proyecto es un ejemplo de cómo hacer acuerdos con respeto entre las fracciones, buscando diálogo y conversando.
“El oficialismo insiste en este proyecto, copia de la ley jaguar, porque insisten en que con la ley vigente no pueden desarrollar la marina de Limón, para hacer la alianza estratégica que quieren. Nosotros creemos que sí pueden con la ley actual, pero el riesgo es usar este proyecto para brincarse los procedimientos de contratación para nombrar a dedo un socio, sin respetar las reglas básicas de la transparencia”, dijo Villalta.
El diputado agregó que la redacción intermedia da cierta flexibilidad para la alianza, pero cumpliendo con los principios de transparencia, publicidad, libre concurrencia y vigilancia.
Si bien el proyecto establece la potestad del uso de bienes inmuebles propiedad o bajo administración de las partes y el desarrollo de infraestructura, se exceptúa de esa utilización el patrimonio natural del Estado.
“Las instalaciones construidas en los muelles de Japdeva no podrán salir del dominio público, ni enajenados, arrendados o gravados, directa ni indirectamente. Sin embargo, podrán ser explotados por el socio estratégico, conjuntamente con Japdeva”, dice la nueva versión del proyecto.
Aunque se mantiene la excepción para Japdeva de los procedimientos ordinarios establecidos por la Ley General de Contratación Pública, sí sujeta dichas contrataciones a los principios constitucionales de transparencia, eficiencia, igualdad, publicidad, libre concurrencia, rendición de cuentas, fiscalización y control de la hacienda pública, lo que permitirá la vigilancia de parte de la Contraloría General de la República.
Otra modificación que introduce la propuesta del FA es un plazo máximo de 50 años para las alianzas estratégicas de Japdeva con socios, a la vez que una alianza de ese tipo solo podrá ser autorizada y finalmente aprobada por el Consejo de Administración de la Junta de Administración Portuaria.
Para el jefe de Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, el acuerdo logrado entre las cinco fracciones muestra que hay voluntad de avanzar en la construcción de la marina de Limón, “no solo desde el gobierno, sino también PLN, FA, Coalición Agenda Ciudadana (CAC) y Unidad Social Cristiana (PUSC)”.
El diputado también destacó que, luego de las consultas hechas a la Contraloría General de la República y otras instituciones, se podría darle votación al proyecto.
Acosta dijo que el texto sustituto recoge tanto las dudas que planteaban fracciones de la oposición del anterior periodo, como las sugerencias del partido de gobierno anterior.
“Es una buena moción, un texto que recoge las preocupaciones de todos y podría avanzar”, dijo.
