Los diputados dispensaron de trámites un proyecto de ley para impulsar la construcción de la marina de Limón, mediante una modificación a la Ley Orgánica de la Junta de Administración Portuaria y Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva).
La idea es reformar el artículo 5 bis de la Ley Orgánica de Japdeva para permitir a la Junta desarrollar proyectos de infraestructura, comerciales, tecnológicos y de cualquier otra naturaleza, a través de alianzas estratégicas. Sin embargo, se mantendrá la exigencia de hacer un concurso para la contratación de las obras, a fin de evitar la selección a dedo de los contratistas.
La iniciativa de María Marta Carballo, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), se ha presentado como una alternativa a la nueva “ley jaguar” del gobierno, que también pretende hacer modificaciones legales para que Japdeva escoja un socio que desarrolle la marina.
El problema de la “ley jaguar” es que, según la Contraloría General de la República (CGR), permitiría hacer la contratación a dedo.
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A favor de la moción para dispensar la propuesta de todos los trámites estuvieron 40 legisladores, mientras que siete votaron en contra: los seis del Frente Amplio (FA) y la independiente Gloria Navas Montero.
En el proyecto del PUSC, la selección de los aliados se haría bajo la excepción contenida en el inciso h, del artículo 3 de la Ley General de Contratación Pública.
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Ese artículo exceptúa de los procedimientos ordinarios de contratación las alianzas estratégicas autorizadas mediante ley, con el fin de lograr ventajas competitivas, siempre que la excepción no se utilice como un mecanismo para la contratación de terceros sin atender los principios de contratación por concurso.
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La modificación legal también permitiría que la entidad pueda involucrar, dentro de esos proyectos, bienes inmuebles que estén bajo su administración.
“En aras de respetar las leyes, la institucionalidad, de hacer las cosas en orden, presentamos este proyecto de ley para que diga expresamente que la terminal de cruceros y la marina sí se puedan hacer por alianza estratégica”, dijo Carballo.
La socialcristiana destacó que esto manda un mensaje a los costarricenses de que, en el plenario, sí hay voluntad política para avanzar en proyectos de infraestructura, en el ámbito nacional y en el regional, como el caso de Limón.
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A favor de la propuesta también se manifestó la liberacionista Katherine Moreira Brown, limonense al igual que Carballo, pues aseguró que es fundamental para el desarrollo de la provincia caribeña y fortalecer el sistema portuario.
La subjefa del FA, Rocío Alfaro, explicó que su bancada no avala la dispensa de los trámites del proyecto, porque consideran que es un tema que se debe analizar en profundidad.
“No estamos en contra de generar lo necesario para que se invierta de mejor manera en nuestro puerto del Caribe, pero nos parece que se debe dar esta discusión con el lápiz bien afilado; hay que cuidar muchos detalles, para que no sufra la misma suerte de la ley jaguar, apresurando procesos pese a las dudas de su constitucionalidad”, enfatizó.
