El ministro de Educación Pública, Leonardo Sánchez, se distanció del plan impulsado por la presidenta Laura Fernández para llevar estudiantes de colegio a visitar el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco).
Sánchez aseguró que la iniciativa propuesta por Fernández está “lejos de que se cumpla” y que ese no es el enfoque que pretende impulsar el Ministerio de Educación Pública (MEP).
“No necesariamente tienen que ir los estudiantes a la cárcel. Nadie aprende con miedo y ese es un principio que nosotros tenemos acá”, afirmó Sánchez durante una transmisión en vivo por Facebook, al responder una consulta sobre cuándo comenzarían las visitas.
El jerarca agregó que cualquier estrategia dirigida a evitar que niños y adolescentes sean captados por el crimen organizado debe pasar por criterios técnicos, legales y pedagógicos, además de estar mediada por especialistas.
“Eso está como lejos de que se cumpla, por ahí no es”, manifestó.
Las declaraciones contrastan con lo anunciado por el Gobierno hace dos meses. La iniciativa fue planteada inicialmente por Fernández durante la conferencia de prensa del 1.º de julio, cuando pidió al ministro de Justicia, Gabriel Aguilar, organizar visitas para jóvenes al Cacco como una forma de advertirles sobre las consecuencias de involucrarse con el crimen organizado.
“Hagamos unas visitas, don Gabriel (Aguilar, ministro de Justicia), para que los jóvenes de Costa Rica que se están animando a meterse en lo que ya sabemos qué, los va a llevar a vestir ese uniforme; pongan las barbas en remojo. Estamos a tiempo de que no vayan a la cárcel de máxima contención”, manifestó Fernández aquel día.
Dos semanas después, el 15 de julio, Aguilar y el propio Sánchez defendieron públicamente la iniciativa. Incluso, el ministro de Justicia aseguró que ambos ministerios trabajarían para seleccionar los centros educativos participantes.
“Vamos para adelante con este proyecto que usted nos encomendó, señora presidenta. En conjunto con el señor ministro del MEP, vamos a identificar los colegios y los vamos a llevar”, dijo Aguilar.
Sánchez apuesta ahora por prevención
Sánchez sostuvo el viernes que la estrategia del MEP para evitar que los estudiantes sean captados por organizaciones criminales estará centrada principalmente en educación y prevención, mediante programas de convivencia, arte, deporte y recreación.
El ministro aseguró que el MEP cuenta con más de 12 programas de convivencia para mejorar las condiciones de seguridad en los centros educativos y otros seis o siete desarrollados junto con el Ministerio de Seguridad Pública.
También mencionó los Centros Cívicos por la Paz como espacios donde los estudiantes podrían conocer aspectos relacionados con el sistema penitenciario sin necesidad de ingresar a una cárcel.
“Garantizando que el estudiante permanezca en el sistema educativo es una forma de garantizar que no caiga en las garras del crimen organizado, y eso es lo que queremos reforzar”, afirmó.
Críticas
En julio, la propuesta fue refutada por el Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR). La entidad considera que la medida resulta inoportuna por tres razones específicas:
- Estigmatiza y criminaliza: Etiquetar a menores de edad por el lugar donde viven viola el principio de no discriminación de la Convención sobre los Derechos del Niño. La pobreza o la violencia comunitaria no son delitos.
- Agrava la vulnerabilidad social: Exponer a la población estudiantil a un entorno penitenciario de máxima seguridad podría generar trauma, deserción escolar y mayor riesgo de vinculación con redes delictivas, en lugar de prevenirlos.
- Invierte el enfoque de derechos: La seguridad se construye al garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia sin importar su origen, sexo, religión o condición socioeconómica, y al asegurar su acceso a servicios esenciales como salud, nutrición y educación.
En tanto, el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) señaló que cualquier iniciativa preventiva dirigida a menores de edad debe analizarse bajo un enfoque de derechos.
“La selección de personas menores de edad para participar en una actividad preventiva no debe realizarse con base en el lugar donde residen o estudian, ya que ello podría generar procesos de etiquetamiento o reforzar estereotipos que asocien determinadas comunidades con conductas delictivas, lo cual resulta contrario al principio de igualdad y no discriminación que tutela el ordenamiento jurídico”, indicó la institución.