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El Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica (CPPCR) refutó la propuesta del gobierno de realizar giras al Centro de Alta Contención Contra el Crimen Organizado (Cacco), en el complejo penitenciario La Reforma, donde participen alumnos de centros educativos de comunidades vulnerables o en riesgo delincuencial.
La entidad considera que la medida resulta inoportuna por tres razones específicas:
- Estigmatiza y criminaliza: Etiquetar a menores de edad por el lugar donde viven viola el principio de no discriminación de la Convención sobre los Derechos del Niño. La pobreza o la violencia comunitaria no son delitos.
- Agrava la vulnerabilidad social: Exponer a la población estudiantil a un entorno penitenciario de máxima seguridad podría generar trauma, deserción escolar y mayor riesgo de vinculación con redes delictivas, en lugar de prevenirla.
- Invierte el enfoque de derechos: La seguridad se construye al garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia sin importar su origen, sexo, religión o condición socioeconómica y al asegurar su acceso a servicios esenciales como salud, nutrición y educación.
Las visitas fueron propuestas por la presidenta de la República, Laura Fernández, durante la conferencia de prensa semanal del 1.º de julio en Casa Presidencial, cuando anunció que los internos del Cacco vestirán uniforme color naranja y se les prohibirá recibir indumentaria externa.
“Hagamos unas visitas, don Gabriel (Aguilar, ministro de Justicia), para que los jóvenes de Costa Rica que se están animando a meterse en lo que ya sabemos que, los va a llevar a vestir ese uniforme, pongan las barbas en remojo. Estamos a tiempo de que no vayan a la cárcel de máxima contención”, manifestó la presidenta Laura Fernández aquel día.
El Colegio de Psicólogos afirmó que los centros de alta contención están diseñados para adultos que cometieron delitos graves.
“Utilizarlos con estudiantes es incompatible con el interés superior de la persona menor de edad y con el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia (CNNA)”, agregó el ente.
Criterio técnico del PANI
El Patronato Nacional de la Infancia (PANI) señaló que cualquier iniciativa preventiva dirigida a menores de edad debe analizarse bajo un enfoque de derechos.
“La selección de personas menores de edad para participar en una actividad preventiva no debe realizarse con base en el lugar donde residen o estudian, ya que ello podría generar procesos de etiquetamiento o reforzar estereotipos que asocien determinadas comunidades con conductas delictivas, lo cual resulta contrario al principio de igualdad y no discriminación que tutela el ordenamiento jurídico", indicó la institución.
El PANI añadió que cualquier actividad en centros de privación de libertad o de atención especializada debe responder a objetivos pedagógicos definidos, contar con una metodología técnicamente sustentada y valorar los efectos sobre los participantes para promover una cultura de paz.
Giras en proceso
Este miércoles, durante la conferencia de prensa semanal en Casa Presidencial, la mandataria Fernández señaló que en administraciones pasadas algunos colegios realizaron visitas a centros penitenciarios.
“Estamos revisando cómo fue que en aquel momento se organizaron, para ver en la actualidad qué posibilidades tenemos de retomar ese tipo de programas”, reiteró la presidenta.
El ministro de Educación Pública (MEP), Leonardo Sánchez, afirmó que la medida permitirá a los alumnos entender que en la sociedad existen leyes y que romperlas trae consecuencias para las personas y sus familias.
Sánchez defendió que el método posee un componente pedagógico, científico y técnico orientado a construir un ciudadano responsable y crítico que respete las leyes.
“A los estudiantes también hay que exponerlos a todo tipo de realidad social, económica, ambiental, política, y que entiendan cómo funciona el sistema de justicia”, alegó el jerarca.
Alternativas para la prevención de la violencia
Tanto el PANI como el CPPCR plantearon alternativas de prevención que no involucran el entorno carcelario.
El PANI argumentó que la evidencia científica demuestra que las intervenciones con mejores resultados son aquellas que fortalecen los vínculos familiares, comunitarios y educativos, además de promover la inclusión social y el desarrollo de competencias socioemocionales.
El CPPCR, por su parte, brindó una serie de recomendaciones, entre ellas:
- Salarios dignos para las familias, debido a que un hogar con ingresos estables es el principal factor protector.
- Centros de deporte, arte, cultura y tecnología que permanezcan abiertos después de las clases y los fines de semana.
- Recuperación de espacios públicos con la participación activa de las juventudes.
- Equipos interinstitucionales de salud mental, trabajo social y psicología comunitaria dentro de las propias comunidades.
“La Junta Directiva del CPPCR extiende invitación al gobierno a descartar medidas que se pueden ver como punitivas contra la niñez y a construir, junto con las comunidades, una estrategia nacional de prevención basada en derechos”, concluyó la organización.
