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El Ministerio de Seguridad rehusó revelar el nombre de los siete jefes policiales removidos por no aprobar una prueba del polígrafo a la que fueron sometidos. El pasado 22 de junio, tras el anuncio de la presidenta Laura Fernández, La Nación le consultó a esa cartera las identidades de esas personas.
“Tales resultados son personales y, en lo que compete a este Ministerio, se hará la sustitución respectiva en los puestos que quedarán vacantes. Sobre los nombres de los siete directores removidos de los puestos de confianza indicados por la señora presidenta, no haremos referencia por lo anteriormente expuesto", respondió la Oficina de Relaciones Públicas y Prensa del Ministerio Seguridad, el 25 de junio.
La presidenta Laura Fernández anunció el 25 de mayo que sometería a los jefes policiales a una prueba de polígrafo, para detectar en las autoridades cualquier vínculo de corrupción o infiltración del crimen organizado. El 22 de junio anunció que ordenó remover de sus puestos de confianza a siete directores policiales que no aprobaron la prueba del polígrafo.
La Nación le consultó al Ministerio de Seguridad el fundamento legal o reglamentario que respalda la aplicación de pruebas de polígrafo a funcionarios y el uso de sus resultados para tomar decisiones laborales.
Ni esa ni otras preguntas fueron respondidas. Seguridad no justificó su decisión en ninguna norma o criterio legal; únicamente se rehusó a entregar la información.
Este medio también consultó el tipo de medida adoptada contra los funcionarios removidos, específicamente si se trata de despidos, destituciones de cargos de confianza o reubicaciones dentro de cuerpos policiales, así como su situación laboral actual.
Además, se requirió la identificación de los siete funcionarios removidos, incluyendo sus nombres, el cuerpo policial al que pertenecían y los cargos que ocupaban al momento de la evaluación.
Igualmente, se consultó si los resultados del polígrafo fueron el único criterio considerado para separarlos de sus puestos o si se tomaron en cuenta otros elementos en la decisión. Finalmente, se preguntó cuál será la autoridad encargada de la investigación preliminar anunciada por Casa Presidencial, así como el alcance de dicho proceso.
En tanto, la Presidencia también se negó a responder consultas relacionadas sobre eventuales costos y contrato de las pruebas de polígrafo aplicadas por la empresa IPSC (International Polygraph Studies Center) a funcionaria públicos. No entregó tampoco los informes con los resultados obtenidos por altos jerarcas del Estado. Esos aspectos fueron consultados por un ciudadano.
