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Marta Esquivel, presidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), regresará este jueves al Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública, en Goicoechea, para continuar por tercer día consecutivo con la audiencia de medidas cautelares que solicitó en su contra la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), mientras se investiga un presunto sobreprecio de ¢12.400 millones anuales en la adjudicación de contratos a cooperativas para la administración de 138 Ebáis.
Igualmente, tendrán que presentarse los otros siete investigados del caso: tres directivos, tres exdirectivos y la gerente general interina de la CCSS, María de los Ángeles Gutiérrez Brenes. El debate está convocado para las 8:30 a. m.
Al término del segundo día, solo cinco de los ocho abogados defensores habían expuesto sus alegatos en contra de las medidas cautelares que la Fiscalía solicitó para sus correspondientos representados. La discusión de este miércoles se extendió desde las 9:20 a.m. hasta las 4:00 p.m.
Una vez que finalice la presentación de la defensa, el Tribunal determinará si acoge o no el planteamiento del Ministerio Público.
Todos los imputados quedaron en libertad la noche del martes luego de haber sido detenidos en la mañana del lunes. El Juzgado ordenó la liberación de los investigados en vista de que la FAPTA no solicitó la medida de prisión preventiva contra ellos.
La Fiscalía pidió inhabilitar a Esquivel del cargo de presidenta ejecutiva de la CCSS por un lapso de seis meses.
El mismo requerimiento presentó para la gerenta general y tres directores: Zeirith Rojas Cerna y Johnny Gómez Pana, representantes del sector patronal; así como María Isabel Camareno Camareno, delegada del gobierno de Rodrigo Chaves.
Adicionalmente, se pidió para todos los señalados el cumplimiento de cinco medidas, por el plazo de seis meses: impedimento de salida del país, depósito de pasaportes, firmar una vez al mes en la FAPTA, prohibición de conocer cualquier asunto relacionado con la licitación bajo investigación, y prohibición de comunicarse, acercarse, influir, amenazar, intimidar o perturbar a 11 testigos del proceso.
Los otros investigados son los exdirectores Roberto Quirós Coronado y Jorge Luis Araya Chaves, ambos, también designados por el sector patronal, y Jorge Porras López, quien renunció el pasado 19 de setiembre como representante del Estado, pero su salida se hizo efectiva hasta este miércoles.
Si bien los abogados tenían previsto realizar exposiciones cortas, Alejandro Marín, defensor de Isabel Camareno, explicó que esto no fue posible porque la Fiscalía utilizó seis horas de la audiencia del martes, solo en la presentación de los 58 hechos bajo investigación, sin contar la justificación de las medidas cautelares y la solicitud formal de las mismas.
“Eso nos obligó a aumentar nuestro tiempo para rebatir algunos de los puntos que expuso el Ministerio Público. De la defensa, el que más tardó, duró una hora y diez minutos”, agregó.
Petición de director de UCCAEP
Federico Morales, abogado de Jorge Araya, abogó por que no se le imponga a su cliente la retención del pasaporte, al estimar que se trata de una medida muy gravosa, en vista de su empleo como director ejecutivo de la Unión Nacional de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep).
Por su parte, Roberto Quirós Coronado, quien renunció a la Junta Directiva de la CCSS desde el 17 de julio de este año, fue el único de los imputados que brindó declaraciones a la prensa, antes de ingresar a la audiencia en la sala de juicios número tres.
“Son momentos muy difíciles, pero cuando uno ha ejercido la función pública sabe que siempre tiene la obligación de dar cuentas de sus actos y aquí estoy, para dar cuentas de mis actos. Posteriormente podemos conversarlo con ustedes, cuando salga en libertad y tenga la posibilidad de dar amplias declaraciones.
“Aquí, más que pensar en mí, tengo que pensar en los 600.000 trabajadores que son atendidos por las cooperativas, que es lo que ha motivado desde el ejercicio de función de la Junta Directiva de la Caja desde 1999, cuando buscamos nuevos modelos de atención ambulatoria para beneficio de la población costarricense”, expresó Quirós.
Fundamento de la investigación
La FAPTA atribuye a los sospechosos la presunta comisión de los delitos de influencia contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias.
Las pesquisas versan sobre la adjudicación de los contratos de administración de 138 Ebáis de 10 áreas de salud de la CCSS a cinco cooperativas durante un plazo de 10 años.
El auditor de la CCSS, Ólger Sánchez, denunció el presunto sobreprecio el 10 de julio, cuatro días después de que la Junta Directiva aprobó la adjudicación a las cooperativas por 10 años por un total de ¢471.000 millones.
La Junta Directiva procedió así por recomendación de un informe que firmó, en solitario, la ahora gerenta general a. i., María de los Ángeles Gutiérrez Brenes. Criterios internos de la CCSS habían advertido que el pago es excesivo porque en los últimos cuatro años se les ha pagado a esas cooperativas, en promedio, ¢29.000 millones por año.
