Marta Esquivel, expresidenta ejecutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y diputada electa de Pueblo Soberano, evitó aclarar este martes si la CCSS se encuentra en “quiebra”, pese a que en 2023 afirmó públicamente que la institución se encontraba en esa situación.
Durante su comparecencia ante la comisión especial legislativa que investiga presuntas irregularidades en la CCSS, las diputadas Rocío Alfaro, del Frente Amplio, y Andrea Álvarez, de Liberación Nacional, consultaron a Esquivel si sostenía las afirmaciones hechas en junio de 2023 respecto a que la institución estaba quebrada.
Esquivel evitó aclararlo. En su lugar, centró sus argumentos en la “falta de información financiera o información no definida” dentro de la institución.
“Usted afirmó en 2023 que la Caja estaba quebrada. ¿Cómo explica esa afirmación, cuando la semana pasada la Junta Directiva aprobó más de ¢2,4 billones para desarrollar infraestructura, algo que no parecería propio de una institución en quiebra?”, le cuestionó la diputada Alfaro.
“A ver, hay muchos temas. Si usted no tiene sistemas de información financiera confiables, la toma de decisiones se hace muy complicada. Y los estudios actuariales dependen de la información financiera”, respondió la expresidenta de la Caja.
Ante ello, Alfaro cuestionó entonces a Esquivel por haber hecho una afirmación “un poco temeraria”, sin información adecuada para poder justificarla.
Esa “será su percepción”, respondió la exjerarca a la diputada. Esquivel añadió que existe un gasto incremental asociado a las nuevas obras y que, “definitivamente, la presión existe”.
Andrea Álvarez, del PLN, también cuestionó a Esquivel por sus afirmaciones.
La liberacionista advirtió que decir que la Caja está quebrada es “una afirmación muy temeraria”, con consecuencias directas en la confianza de la ciudadanía en la institución.
Álvarez indicó que, aunque coincide con Esquivel en que existen problemas de confiabilidad en los datos financieros, calificar a la CCSS como quebrada no refleja esa preocupación técnica.
A criterio de la liberacionista, esto puede generar un impacto negativo en la percepción pública de la Seguridad Social.