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La Asamblea Legislativa aprobó un proyecto de ley que permitirá al Estado financiar a las asociaciones y organizaciones privadas de bienestar animal con recursos del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa), para apoyar y fortalecer sus labores. La iniciativa se tramita bajo el expediente 24.269.
Según el texto, el Ministerio de Agricultura y Ganadería asignará un 2,3% del presupuesto del Senasa a estas organizaciones, con el fin de apoyar actividades de rescate, atención, cuido y castración de animales, así como campañas de educación, adopción y programas de tenencia responsable.
De esta forma, el proyecto de ley respaldará a las organizaciones privadas que trabajan con donantes, sin colaboración económica del Estado y que “necesitan ayuda con urgencia”.
El documento señala que, en promedio, estas organizaciones deben cubrir gastos mensuales que rondan los ¢34 millones y asumen el costo de las castraciones, valoradas en ¢15.000 cada una. En total, pueden llegar a realizar hasta 300 castraciones por año.
“Lo preocupante es que estas organizaciones y albergues están haciendo la labor que en principio correspondiente al Senasa como órgano protector de la salud animal, lo cual es extraordinario”, señala el la exposición de motivos del proyecto de ley.
La iniciativa fue presentado por el diputado del Partido Liberal Progresista (PLP), Gilberto Campos Cruz, y aprobado en segundo y último debate con amplia mayoría.
Únicamente votaron en contra, la fracción oficialista y la diputada del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), María Marta Carballo.
¿Cómo podrán solicitar los recursos?
Podrán solicitar los recursos las organizaciones formalizadas, con personería jurídica, que presenten ante Senasa un proyecto detallado con presupuesto, cronograma estimado, resultados esperados y población a la que se dirige la iniciativa.
Además, deberán cumplir con lo establecido en el artículo 5 de la Ley N.° 7428, Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, y con las normas técnicas sobre el presupuesto de los beneficios patrimoniales otorgados mediante transferencias del sector público a sujetos privados del ente contralor.
El texto legislativo dispone que el director general del Senasa designará una comisión encargada de la asignación de los recursos a los proyectos presentados por las organizaciones. Esta comisión también “velará por su ejecución y recibirá el informe final con los resultados alcanzados”.
Al concluir los proyectos, las organizaciones deberán presentar un informe final con la liquidación de los fondos, conforme a las normas técnicas y a la Ley Orgánica de la Contraloría.
Asimismo, el proyecto establece que, en caso de que las organizaciones de bienestar animal no utilicen los fondos en su totalidad, deberán devolver el excedente al Senasa, siguiendo los lineamientos de la Contraloría General.
Objeciones de Senasa
En el oficio SENASA-DG-765-2024, la Dirección General del Senasa advirtió a los diputados que una asignación presupuestaria a organizaciones privadas afectaría su presupuesto y operatividad.
La institución alegó que en los últimos años ha experimentado una baja en su presupuesto institucional, y que la creación de una comisión para la asignación, vigilancia y revisión de informes implicaría destinar personal de la institución a nuevas funciones, sin un aumento de recursos.
La institución enfatizó que enfrenta el mismo problema que las organizaciones privadas, es decir, la falta de recursos, por lo que “no resulta oportuno ni lógico girar a organismos privados recursos financieros provenientes del Estado que no se le han girado al Senasa”.
La Nación consultó al Senasa sobre su criterio respecto a la probación dicho proyecto de ley; no obstante, la institución indicó que no contaban con voceros disponibles para atender a las consultas.
