Bojorges anunció que se apersonaría a las oficinas de la Fiscalía General para ponerse a disposición de las autoridades. El socialcristiano hizo el anuncio un día después de que el Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) decomisaran su teléfono celular, junto con los de otros cuatro investigados en el mismo caso.
“Levantándome de aquí, yo voy a ir a ponerme a las órdenes de la Fiscalía, para que ellos lo que necesiten saber, lo puedan saber. Yo, inclusive, hoy, cuando vaya a la Fiscalía, le voy a pedir que me levante el secreto bancario”, indicó, durante una conferencia de prensa celebrada en la Asamblea Legislativa.
LEA MÁS: Leslye Bojorges admite que detenidos del Caso Madre Patria le ofrecieron ayuda, pero él los redirigió a la alcaldesa de San Ramón
Ante una consulta periodística, el socrialcristiano también dijo estar dispuesto a renunciar a la inmunidad que le cobija como diputado de la República. “Si hay que hacerlo, no tengo ningún problema”, expresó. De igual forma, dijo no tener nada que ocultar, porque su teléfono celular lleva año y medio intervenido por las autoridades judiciales, como parte de la investigación que se sigue en su contra, bajo el expediente 23-000087-0033-PE.
Como parte de su descargo, Bojorges criticó la Ley de Tráfico de Inluencias; “está mal diseñada”, declaró.
“No puede ser posible que yo vaya a las comunidades a pedirle ayuda a las personas voten por mí, y después, esa gente no pueda venir a mi despacho a pedirme que yo vaya a interceder por ellos, para que yo les ayude. Me parece que eso es algo que hacemos todos los políticos y que es totalmente normal”, agregó.
El diputado reconoció que, en una fecha que no pudo precisar, se reunió con dos representantes de una empresa autobusera, que están involucrados en el Caso Madre Patria, y que estos le ofrecieron “ayuda”. No obstante, alegó haber rechazado la colaboración, y que, en su lugar, los puso en contacto con la actual alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, y con el entonces candidato a alcalde de Alajuela, Arturo Campos, ambos también del PUSC. Los hechos ocurrieron antes de las elecciones municipales del 4 de febrero del 2024.
LEA MÁS: Fiscalía decomisa teléfonos a cuatro altos funcionarios públicos
Bojorges dijo que la reunión se realizó en el hotel Corobicí, con un español llamado Fernando y otro hombre de nombre Jonathan. Argumentó que el encuentro fue coordinado a solicitud de un grupo de vecinos de Barrio San José de Alajuela, para que intercediera ante la posible interrupción del servicio de autobús. Por este motivo, también conversó en distintas oportunidades con el viceministro de Transportes, Carlos Ávila, para pedirle su intervención.
Los teléfonos de Jiménez y Ávila también fueron secuestrados por las autoridades, así como el de la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marlen Luna, la alcaldesa Jiménez y una persona de apellido Suárez Barboza.
El socialcristiano dijo que el proceder del fiscal general, Carlo Díaz, fue apegado al protocolo y que no sufrió ningún tipo de violencia cuando se le abordó para solicitar la entrega del celeluar.
“Debo de aclarar que el día de ayer, el OIJ y el señor fiscal general de la República (Carlo Díaz), en ningún momento hizo abuso de autoridad en mi contra. Sencillamente, como lo dicta el protocolo, se me acercaron con respeto y me dijeron: ‘Don Leslye, necesitamos que apague el carro, que descienda del vehículo, necesitamos secuestrar el teléfono, hay una investigación en curso’”, relató.
Aclaró que, si bien no estaba en obligación de desbloquear el celular, lo hizo a petición de un agente del OIJ y que también les entregó la clave, de manera voluntaria.
