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La presidenta electa, Laura Fernández, asumió el compromiso de pagar la billonaria deuda del Estado con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) una vez que inicie su mandato, en mayo próximo.
Así lo aseguró este jueves, durante la reunión que sostuvo en su rol de ministra de la Presidencia, con los jefes de las fracciones legislativas.
En la cita, donde la ministra les pidió a los voceros partidarios hacer lo posible por dejarle siete proyectos de ley aprobados, Fernández aseguró que la deuda con la Caja “es un tema importante” que conoce y comprende, y que asumirá “como próxima presidenta de Costa Rica, con responsabilidad con las finanzas públicas”.
Durante la reunión, la jefa del Frente Amplio (FA), Rocío Alfaro, instó a la presidenta electa a sentarse a hablar de esa deuda, que durante el gobierno de Rodrigo Chaves ha crecido de forma exponencial.
“Esa deuda sigue creciendo y golpea a la institución, impide planificar e invertir adecuadamente. Ya se tuvo que echar mano de la reserva del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, para pagar las pensiones, algo que no es deseable. Le tomo la palabra de su disposición de trabajar juntos”, le dijo Alfaro a Fernández.
Ante la instancia que le hizo la jefa frenteamplista, la presidenta electa enfatizó que su plan de gobierno plasma la urgencia de pagarle a la CCSS, pero con un calendario de pagos y después de establecer una mesa técnica conformada por expertos del Ministerio de Hacienda y de la Caja, para acordar primero el monto.
“Nadie paga una factura de ningún servicio sin tener claridad en lo que se le está cobrando y sin tener seguridad de que va a pagar lo que corresponde”, alegó la ministra.
Fernández también arguyó que no se puede exponer la estabilidad financiera de la hacienda pública con un compromiso de pagarle a la Caja de Seguro, además de que alegó que no se puede trasladar esos pagos y dejar descubiertos los compromisos salariales del gobierno.
“Evidentemente, hay que pagarle a la CCSS, con un modelo que nos dé tranquilidad y garantía a ambas partes de la ecuación, en un cronograma ordenado, que no haga tambalear las finanzas de Hacienda y que tampoco se use para aumentar el gasto corriente”, dijo Laura Fernández.
A mayo del año pasado, la morosidad estatal, en números de la CCSS, estaba en ¢4,4 billones, más del doble de los ¢1,7 billones de 2019.
El 82% de esa deuda corresponde al seguro de salud, por la atención médica de los asegurados por cuenta del Estado, entre ellos personas en indigencia, adultos mayores en pobreza, menores de edad y privados de libertad.
El restante 18% de la deuda histórica corresponde al fondo de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM)y al Régimen No Contributivo (RNC), que cubre a adultos mayores en pobreza extrema.
