Se trata de la iniciativa Ley para la Seguridad Nacional, Registral y de Archivos Judiciales, que se tramita bajo el expediente 25.619.
La propuesta forma parte del paquete de seis proyectos de seguridad entregado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa y busca modificar las reglas que regulan el Registro Judicial y los archivos de antecedentes penales.
Durante la presentación, Fernández cuestionó lo que denominó el “derecho al olvido que no tienen las víctimas” y criticó que personas condenadas por delitos graves puedan dejar de aparecer en determinados registros pocos años después de cumplir sus penas.
“No es posible que a las personas que cumplieron condenas por delitos contra la vida, crimen organizado o narcotráfico, a los cinco años se les borre de la hoja de delincuencia”, afirmó la mandataria.
Según explicó, el proyecto pretende que los antecedentes penales permanezcan visibles durante 15 años para efectos de certificaciones laborales y que los registros se conserven de forma permanente para fines judiciales, investigativos y penitenciarios.
¿Qué cambiaría?
El texto propone reformar el artículo 11 de la Ley del Registro y Archivos Judiciales para crear tres niveles distintos de conservación de antecedentes.
El primero establece que las condenas penales permanecerán activas de forma permanente para consulta de jueces y autoridades encargadas de la ejecución de la pena. Además, obliga a los jueces revisar esos antecedentes antes de conceder beneficios procesales, carcelarios o penitenciarios.
El segundo nivel corresponde al uso policial e investigativo. La propuesta dispone que los antecedentes se mantengan de manera permanente en bases de datos internas para consulta exclusiva del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el Ministerio Público y los cuerpos policiales.
El tercer cambio afecta directamente la denominada hoja de delincuencia utilizada para fines laborales. En este caso, los antecedentes se eliminarían únicamente después de que transcurran 15 años desde el cumplimiento de la condena.
Actualmente, la legislación contempla plazos menores dependiendo del tipo de delito y de la pena impuesta:
- Las condenas por días multa se eliminan inmediatamente después de cumplida la sanción.
- Si la pena es inferior a tres años, los antecedentes se eliminan una vez transcurrido un plazo equivalente a la condena impuesta.
- Cuando la pena es de entre tres y cinco años, los antecedentes desaparecen tres años después de cumplir la condena.
- Si la pena es de entre cinco y diez años, se eliminan cinco años después.
- Para condenas de diez años o más, así como para delitos como crimen organizado, terrorismo, delitos sexuales contra menores, homicidio calificado, feminicidio y delitos contra la función pública, los antecedentes se eliminan diez años después de cumplida la pena.
La propuesta del Gobierno elimina ese sistema escalonado.
La iniciativa también señala que los antecedentes penales son una herramienta relevante para que jueces y fiscales valoren la reincidencia, la ejecución de las penas y el otorgamiento de beneficios penitenciarios.
“Es un proyecto justo, da herramientas para quienes administran justicia, para que fiscales y jueces sepan a quién se están enfrentando. Pero para efectos laborales y de hoja de delincuencia, los antecedentes permanecerían por 15 años y después desaparecerían”, sostuvo Fernández.
El proyecto deberá ahora iniciar su trámite legislativo en la Asamblea Legislativa, donde podrá ser modificado mediante mociones antes de una eventual votación.
