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La presidenta de la República, Laura Fernández anunció que solicitará un informe luego de los cuestionamientos que provocaron declaraciones del secretario general del Partido Pueblo Soberano (PPSO), Freddy González, sobre supuestos datos de simpatizantes del Frente Amplio (FA).
Fernández respondió a una consulta de La Nación sobre cómo González pudo conocer información de asistentes a una actividad organizada por una comisión creada por el Poder Ejecutivo y financiada con fondos públicos. La presidenta afirmó que desconocía las declaraciones del secretario general y evitó adelantar un criterio hasta revisar lo ocurrido.
La mandataria explicó que la organización del traspaso quedó en manos de una comisión creada mediante decreto, la cual estuvo presidida por Marcos Vargas. Fernández indicó que puede solicitar a esa instancia un informe sobre el tema.
La presidenta también manifestó su disposición a entregar posteriormente un informe escrito al medio de comunicación con mayor claridad sobre el tema.
Freddy González afirmó, durante el programa Tertulia de Noche, que el PPSO tenía información sobre personas que supuestamente participaron en una estrategia del Frente Amplio y otros sectores de izquierda para obtener entradas para la toma de posesión de Fernández.
Según las declaraciones del secretario general del PPSO, su agrupación conocía quiénes eran esas personas, dónde estaban y sus gustos, preferencias y actividades.
Para asistir a la ceremonia en el Estadio Nacional, las personas interesadas podían solicitar gratuitamente una entrada mediante la plataforma Kuikpei.
Tras esas manifestaciones, la diputada del Frente Amplio, Sigrid Segura, remitió el 17 de agosto una gestión a Fernández para conocer qué información se recopiló sobre los asistentes, quién tuvo acceso a ella, cómo se almacenó y qué tratamiento recibió.
En el Partido Liberación Nacional (PLN), su secretario general, Miguel Guillén, solicitó explicaciones tanto al PPSO como a la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS).
Guillén pidió aclarar si alguna de esas organizaciones elaboró, posee o ha tenido acceso a listas, perfiles o bases de datos de militantes, dirigentes, simpatizantes o personas relacionadas con el PLN.
Guillén sostuvo que las preferencias y opiniones políticas reciben una protección especial como datos sensibles en la legislación costarricense. Además, señaló que si existen listas de ese tipo, debe aclararse quién ordenó elaborarlas, quién las administra, qué contienen, cuál es su origen y con qué finalidad se utilizan.
