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José Miguel Villalobos Umaña, candidato a diputado por Alajuela del Partido Pueblo Soberano (PPSO) de Laura Fernández, adeuda más de ¢312 millones a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) según indicó un informe de la Auditoría Interna de la institución.
En calidad de patrono, al abogado del presidente Rodrigo Chaves se le registra una deuda de ¢149,5 millones por cuotas no pagadas y, bajo la condición de trabajador independiente, otra de ¢162,7 millones.
Según el informe, algunos cobros datan desde el año 2017.
Este medio solicitó una reacción a Villalobos, quien respondió que no se referiría más al tema, pues ya lo explicó en sus redes sociales.
En el canal Trivisión, Villalobos afirmó: “A mí la Caja me pretende cobrar una suma basada en que, según algunos inspectores, yo gano entre ¢25 millones y ¢50 millones al mes; se metieron sin autorización legal a cuentas bancarias, sumaron todos los movimientos que uno hace entre cuentas y según ellos yo gano esa suma".
“Están cobrando cuotas de hace más de 10 años totalmente prescritas y pretenden que se paguen sumas que no se deben pagar y que yo no voy a pagar”, agregó el abogado.
Inefectiva gestión de cobro
Según el informe de Auditoría, el informe se hizo a partir del conocimiento de una publicación hecha en el medio independiente La Hora Tica, en la cual se hacía referencia a la morosidad de José Miguel Villalobos con la CCSS.
La investigación determinó que las gestiones de cobro de la Caja no han sido efectivas.
Por ejemplo, el 26 de mayo del 2025, se envió a Villalobos un mensaje de cobro mediante la plataforma tecnológica INCONCERT, pero este no sirvió porque el abogado figura como patrono inactivo desde septiembre del 2024.
“Asimismo, se evidenció la imposibilidad de localizarlo físicamente mediante el servicio de Correos de Costa Rica, lo que ha restringido las acciones de cobro a medios electrónicos. A la fecha, no se cuenta con evidencia de informes de inspección relacionados con la aplicación de responsabilidad solidaria, lo que limita la adopción de medidas adicionales para garantizar la recuperación de la deuda”, expuso el documento.
En cuanto a procesos de cierre de negocios, se identificaron cuatro casos tramitados entre 2017 y 2024, de los cuales dos permanecen sin acciones concretas desde hace más de cinco años, mientras que los dos más recientes, pese a contar con resolución final, no han dado resultados debido a la condición de patrono inactivo de Villalobos y a la dificultad para notificarle.
La Auditoría concluyó que las gestiones cobratorias administrativas se han limitado a la emisión de avisos mediante Correos de Costa Rica, registrándose 11 avisos entre el 2020 y el 2024. “Esta circunstancia evidencia deficiencias en la efectividad de las gestiones”, dice el informe.
“Aunque se han tramitado procesos judiciales para algunos periodos, la totalidad de la deuda no se encontraba gestionada permaneciendo pendientes los periodos más recientes”, agrega.
Por ello, la Auditoría pidió a Luis Diego Calderón, director de Cobros de la CCSS, informar sobre lo sucedido.
Calderó afirmó, ante consulta de La Nación, que la Dirección de Cobros había iniciado las gestiones de cobro administrativo y judicial, incluso antes de que Auditoría Interna emitiera un oficio.
“Conforme el marco normativo y el oficio de la Auditoría Interna, se continuará aplicando las acciones de cobro correspondientes”, indicó el funcionario.
