Escuchar
El diputado del Frente Amplio, José María Villalta, anunció que presentará una dispensa de trámite para el expediente 24.282, que busca prohibir que los legisladores puedan ejercer labores privadas durante su gestión.
El anuncio de Villalta surge luego de que la presidenta Laura Fernández señalara su apoyo a esa iniciativa.
Durante la conferencia de prensa semanal de este miércoles, Fernández dijo: “Yo siempre he sido muy clara en que las personas deben entregarse a tiempo completo al servicio público. Usted no me ve a mí vendiendo servicios sábados o domingos, después de que salgo de Casa Presidencial.
“Como presidenta de la República estoy en contra de que personas que estén al servicio de Costa Rica tengan otros trabajos en paralelo”.
El expediente 24.282 fue impulsado por el exdiputado frenteamplista Jonathan Acuña. Ese proyecto busca modificar la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública para agregar al artículo 14 el siguiente texto: “Los diputados y diputadas a la Asamblea Legislativa no podrán ejercer profesiones liberales de forma remunerada”.
Polémica con Villalobos
El 27 de julio, mientras Fernández presentaba proyectos de seguridad ciudadana en la Asamblea Legislativa, el diputado del Partido Pueblo Soberano (PPS), José Miguel Villalobos, asistió a una audiencia judicial del Caso Pana como abogado defensor de uno de los presuntos cabecillas, de apellidos Sánchez González, en los Tribunales de San José. El caso se relaciona con supuesto narcotráfico desde Costa Rica hacia Estados Unidos.
A la salida de la audiencia de este 27 de julio, el diputado y abogado Villalobos se negó a contestar preguntas. Al ser consultado sobre cuál es su prioridad, puesto que en ese momento el gobierno estaba presentando los proyectos de seguridad, respondió que su prioridad era “comer”.
El defendido por Villalobos se relaciona con un grupo que presuntamente se dedicó a trasegar cargamentos de cocaína por vías marítimas y terrestres desde el sur de Costa Rica hacia Estados Unidos y que, luego, habría legitimado las ganancias mediante diversos negocios, principalmente en Pérez Zeledón, Buenos Aires y Puerto Jiménez, amasando bienes valorados en ¢1.000 millones.
Los diputados no cumplen horario y no están obligados a pedir permiso, salvo cuando hay sesiones de órganos legislativos, y pueden ejercer liberalmente su profesión.
