Escuchar
Los jefes de las cuatro fracciones de la oposición le plantearon a la defensora de los Habitantes, Angie Cruickshank, su preocupación por los efectos que tendría en el resguardo de los derechos de los costarricenses la falta de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
El planteamiento se dio este jueves, durante la reunión semanal de las jefaturas de las fracciones legislativas, cuando recibieron a Cruickshank para hacer una micropresentación del informe anual que, por ley, debe entregar la Defensoría de los Habitantes a la Asamblea Legislativa, como órgano auxiliar del Congreso.
Uno a uno, los voceros partidarios le expusieron a la defensora su preocupación de que esa ausencia de suplentes, desde diciembre pasado, tenga un efecto negativo en el resguardo de los derechos de los habitantes.
La Sala Constitucional es un órgano jurisdiccional fundamental al que acuden las personas para que se dicte una sentencia que les permita ver respetados sus derechos constitucionales, en cuanto a la salud, el ambiente sano, la libertad de información, entre muchos otros.
Como auxiliar del Congreso, la Defensoría de los Habitantes también vigila que las instituciones les presten a los costarricenses los servicios que ellos requieran.
De ahí que los voceros del Partido Liberación Nacional (PLN), Frente Amplio (FA), Unidad Social Cristiana (PUSC) y Coalición Agenda Ciudadana (CAC) le plantearan dicha preocupación a Cruickshank.
Sin embargo, ese planteamiento no le gustó para nada al jefe de Pueblo Soberano (PPSO), Nogui Acosta, quien se disculpó con la defensora porque sus compañeros la pusieron en esa discusión.
“Estamos en estas semanas, discutiendo algo muy importante para los derechos de los costarricenses, el nombramiento de los suplentes constitucionales, porque tiene que ver con los derechos de las personas y el acceso a las soluciones que un órgano tan importante brinda en términos de hacer efectivos esos derechos”, dijo Álvaro Ramírez, del PLN.
El verdiblanco le pidió a la defensora una opinión sobre la obligación que tiene la Asamblea de elegir magistrados, y si la Defensoría ha considerado algún tipo de acción.
Abril Gordienko, de la Unidad, alabó a la institución por el trabajo que realiza y los informes que ha emitido en materia de hacinamiento carcelario, salud y salud mental, entre otros.
La socialcristiana se sumó a la preocupación de Ramírez, porque la Defensoría converge con la Sala Constitucional en la protección de los derechos de la ciudadanía. “Ojalá conozcamos muy pronto la perspectiva de la Defensoría en esta situación de la Sala Constitucional”, dijo la jefa de la Unidad.
José María Villalta, del FA, quiso conocer cómo podría afectar a la ciudadanía una parálisis parcial o total de la Sala Constitucional por la negativa de los diputados del gobierno de nombrar los suplentes, máxime que las personas usan mucho los instrumentos de recursos de amparo y hábeas corpus.
La vocera de la CAC, Claudia Dobles, se sumó a la preocupación por la negativa oficialista de elegir magistrados suplentes, porque se le negaría la posibilidad a la gente de buscar amparo.
“Solo en 2025, la Sala Constitucional tramitó 15.971 casos relacionados con salud. Estamos hablando de la vida de los costarricenes, personas que recibieron medicamentos, una cirugía. Es posible que los amparos por listas de espera aumenten”, dijo Dobles.
La molestia de Nogui Acosta
Luego de felicitar a la defensora y al defensor adjunto por su trabajo, Nogui Acosta dijo que los otros jefes de fracción los estaban poniendo en una situación en la que no deben estar, en relación con el nombramiento de magistrados suplentes constitucionales.
El jefe oficialista citó los deberes de la Defensoría según la ley orgánica, en cuanto está encargado de proteger los derechos e intereses de los habitantes, así como velar por el funcionamiento del sector público, para que se ajuste a la moral, la justicia, la Constitución, las leyes, los tratados, los pactos suscritos por el gobierno y los principios generales del derecho.
“Cada una de las observaciones de los jefes de fracción que me antecedieron no implican que se esté violando ninguno de esos derechos de los costarricenses. La ley es muy clara”, dijo el vocero del gobierno.
Con un tono de voz cada vez más elevado, Acosta reclamó que se hiciera un debate sobre una responsabilidad determinada en el Reglamento de la Asamblea Legislativa. “Esta discusión tiene que resolverse en el plenario, y no en la Defensoría”, dijo.
Después de esa intervención del jefe de PPSO, la presidenta legislativa, Yara Jiménez, buscó cerrar la discusión y no darles la palabra a los jefes de la oposición, para responderle a Acosta, alegando que habían traído a la defensora para una reunión “bonita”; sin embargo, los jefes le cuestionaron que les quisiera cercenar el uso de la palabra.
Finalmente, la presidenta legislativa tuvo que ceder y Villalta le señaló a Nogui Acosta que, precisamente, lo que él leyó de la obligación legal de la Defensoría evidenciaba la vigilancia de la eventual afectación a los costarricenses por la negativa de los diputados de nombrar magistrados.
Defensoría conoce denuncia de un habitante por falta de suplentes constitucionales
En respuesta a las preocupaciones de los jefes de fracción, Cruickshank señaló que la Defensoría tiene en estudio una denuncia de un habitante en relación con la falta de suplentes de la Sala Constitucional, pero enfatizó que no puede adelantar opiniones al respecto.
La defensora dijo a La Nación que esa denuncia llegó la semana pasada y ya se hizo un primer análisis. Además, señaló que ese tipo de denuncias tienen un plazo de aproximadamente dos meses para estudiarse y emitir una resolución final.
“Estamos analizando la denuncia desde ese enfoque, desde la afectación que está planteando ese habitante. Yo esperaría poder tener dicho análisis antes de referirme y no quisiera adelantarme”, comentó Cruickshank a los jefes.
No obstante, la defensora sí señaló que es importante tener una Sala Constitucional fortalecida, que pueda cumplir con su mandato plenamente y puntualizó la preocupación por la excesiva utilización de ese tribunal para exigir el cumplimiento de derechos, “porque eso refleja una incapacidad del Estado para resolverles a las personas”.
“Es importante que la Sala tenga los recursos necesarios para hacer su trabajo”, dijo Cruickshank, quien citó amparos en materia de acceso al agua donde la Defensoría fungió como expertos para ese tribunal.
