EscucharEl Ministerio de Hacienda y la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva) dispondrán de 10 años para reembolsar a la provincia de Limón ¢9.544 millones del canon de desarrollo que serán destinados al cumplimiento de una sentencia judicial a favor de los trabajadores. Estos recursos provienen de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM) y se deben invertir en beneficio de la provincia.
La propuesta original que el gobierno envió al Congreso en diciembre no ordenaba la devolución de los recursos. Le medida se incluyó en el texto por insistencia de los diputados representantes de la provincia de Limón.
La Asamblea Legislativa acordó incluir el plazo en un proyecto de ley presentado por el gobierno de Rodrigo Chaves, el cual autoriza a Japdeva a utilizar los recursos del canon de desarrollo para cumplir con el pago ordenado por el Tribunal de Apelación Civil y Trabajo de la Zona Atlántica, en una sentencia emitida el 30 de julio del 2024.
El pasado 7 de febrero, con 34 votos a favor, los legisladores aprobaron de forma unánime una moción que incorpora un transitorio único al expediente 24.751. Este dispone que el Ministerio de Hacienda y Japdeva devuelvan los recursos en partes iguales, en un plazo máximo de 10 años.
Los pagos podrán hacerse en un solo desembolso o mediante varios tractos, según convengan las instituciones. La iniciativa también señala que los recursos retornados, “deberán ser destinados para el desarrollo regional de la provincia de Limón en su totalidad”. El proyecto aun debe ser votado en primer y segundo debate.
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Origen de la controversia
Zapote propuso casi el 20% de los ¢50.500 millones recaudados con el canon para pagar la deuda laboral, bajo el argumento de que Japdeva enfrenta una “imposibilidad material” para cumplir con la resolución, luego que la institución agotara todas las vías recursivas.
El caso se originó por un reclamo que presentó Sintrajap por dineros que la institución había acordado trasladar al Fondo de Capital y Ahorro de sus empleados en la convención colectiva del 2002. En aquel momento, se determinó que el aporte patronal subiría tres puntos porcentuales, del 5% al 8% de la planilla mensual.
No obstante, Japdeva continuó trasladando el 5% al Fondo, razón por la cual Sintrajap acudió a la vía judicial en setiembre del 2013. Desde su inicio en el Juzgado de Trabajo y hasta que fue elevado a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, el asunto tardó más de una década.
Diputados rechazaron plazo de 5 años
La mayoría de legisladores de la comisión especial de Limón propuso un plazo de cinco años para efectuar la reintegración de los fondos. No obstante, la fracción oficialista denunció que no fue tomada en cuenta en el acuerdo, por lo que esa propuesta no prosperó.
“Soy diputada de la comisión de Limón, no se me incluyó en esa moción, evidentemente porque vamos a votar en contra. Hay que ser responsables y tanto el Ministerio de Hacienda, como Japdeva, nos están diciendo que no es posible para Jadepva asumir esta propuesta, porque financieramente los deja comprometidos”, externó visiblemente molesta la diputada Ada Acuña, del Partido Progreso Social Democrático (PSSD), el 29 de enero en el plenario.
María Marta Carballo, jefa de fracción del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), le respondió: “Compañera Ada, no se enoje tanto, compañera, porque estamos tratando de ayudar. Lo que aquí estamos haciendo hoy en este plenario es tratar de ayudarle al Estado a que cumpla una sentencia que no pusimos nosotros, que la puso un juzgado laboral por la irresponsabilidad de Japdeva y que, de manera solidaria, es responsable el Estado”.
Yonder Salas, diputado del Partido Nueva República (PNR), recordó que el pasado 14 de enero la Asamblea Legislativa aprobó una ley, promovida por su despacho, para que el Estado perdone a Japdeva deudas por casi ¢32.000 millones con tres instituciones públicas que se vieron obligadas a prestarle dinero como parte de un plan de reorganización. En su criterio, esta medida le daría a Japdeva el espacio presupuestario suficiente para asumir la mitad del pago.
“Ustedes saben cuántas personas se están quedando sin su carretera, sin su puente, sin su proyecto, vía convenio con municipalidades y demás instituciones públicas, por tener que asumir una deuda del Estado. ¿Que Japdeva fue irresponsable en su momento? Sí, pero la condena es contra el Estado, y al final el Estado es uno solo. La deuda debería ser una sola deuda”, extrernó.
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Por su parte, Rocío Alfaro, del Frente Amplio (FA), afirmó que la negativa del gobierno para aprobar la moción, era porque pretendía “recargar (el pago completo) en una institución que no tiene cómo o simplemente le van a quitar al pueblo limonense para pagarle los derechos laborales del pueblo limonense; o sea, es una burla”.
“Aquí hay una responsabilidad de Estado. Lo que pasa es que los compañeros de gobierno creen que el Estado aquí nació cuando ellos entraron al gobierno. No, aquí hay una responsabilidad estatal”, agregó.
Pilar Cisneros, jefa de la bancada oficialista indicó que no se cuentan con los ¢9.544 millones y “que no hay de dónde sacarlos”.
“Entonces, diay, veamos a ver cómo solucionamos el problema, pero no va a ser con más irresponsabilidad y con más deuda como lo vamos a solucionar”, mencionó.
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