EscucharUn error del Ministerio de Hacienda en la formulación del Presupuesto Nacional 2025 le quitaría el dinero para becas postsecundaria a 346 estudiantes, a partir de octubre, y afectaría los fondos para las pensiones del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), es decir, de las personas más pobres.
Además, el Ejecutivo se encontraría imposibilitado de incorporar 11.300 nuevos beneficiarios al Régimen No Contributivo y se afectaría el pago del aguinaldo.
El mismo error limitaría el apoyo en alimentación, vivienda, salud, educación y empleo a 37.706 beneficiarios de las ayudas del IMAS, “lo que podría traducirse en un aumento de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social”.
Así lo reconoce la exposición de motivos del expediente 25.137, Segunda Modificación Legislativa de la Ley 10.620, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario para el Ejercicio Económico 2025.
También lo reconocieron el ministro de Hacienda, Rudolf Lücke, y el director general de Presupuesto, José Luis Araya, este martes en sesión de la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa.
El error se cometió porque Hacienda no presupuestó, el año pasado, los recursos que el Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares (Fodesaf) debe trasladarle al Fondo de Subsidios para la Vivienda (Fosuvi), según lo establecido en el inciso m del artículo 3 de la ley 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares.
Cuestionados por los diputados Paulina Ramírez y Luis Fernando Mendoza, del Partido Liberación Nacional (PLN), y Jonathan Acuña, del Frente Amplio, Lücke y Araya reconocieron que una consulta de la Contraloría General de la República (CGR) les advirtió sobre ese incumplimiento legal.
Ahora, en la modificación presupuestaria, se pide trasladar más de ¢24.000 millones para cubrir ese faltante y, con eso, reconocieron que quedarían desfinanciados no solo los beneficiarios de las mencionadas becas postsecundaria y el aguinaldo de las pensiones no contributivas, sino también otros programas de atención a familias en pobreza y pobreza extrema.
Específicamente, el proyecto toma ¢18.277 millones de las transferencias al IMAS para atención integral de familias en pobreza y pobreza extrema, a través de los programas de alimentación, vivienda, salud, educación y empleo, así como ¢5.000 millones de las transferencias a la CCSS para las pensiones del régimen no contributivo.
El tercer monto, ¢723 millones, proviene de las becas del programa de equidad del Ministerio de Educación Pública (MEP) para becas postsecundaria, “cuyo objetivo es promover la permanencia y mejorar las oportunidades de acceso a la educación para personas en pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad”.
“Hay que tomar en cuenta que la aplicación de esta rebaja implica que, a partir del mes de octubre no se puedan atender alrededor de 346 beneficiarios y para los meses de noviembre y diciembre no se podría brindar el subsidio a ninguno de los beneficiarios programados“, reconoce el gobierno en el proyecto enviado al Congreso.
Parte del problema es que los beneficiarios de esas becas han recibido los recursos desde principios de año y el programa tiene los recursos comprometidos, además de que hay una lista de espera.
La presidenta de Hacendarios, Paulina Ramírez, cuestionó que Hacienda reconozca el error apenas ante un requerimiento de información de la Contraloría y exigió respuestas sobre el responsable de haber cometido el error original.
“¿A quién quieren hacer ustedes responsables, a nosotros, los diputados, a quién quieren hacer responsables de este error, a los que aprobemos este presupuesto?“, reclamó Ramírez.
La liberacionista enfatizó que, así como encontraron ¢8.000 millones para la nueva cárcel que quiere edificar el gobierno de Rodrigo Chaves, bien pudieron haber encontrado los recursos que ahora les hacen falta.
Ante los numerosos cuestionamientos, José Luis Araya aseguró que fue el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social la institución que hizo la distribución de los recursos de la manera en que está actualmente vigente.
Cuestionado por los legisladores de la Comisión de Hacendarios, incluso por la jefa oficialista, Pilar Cisneros, el director de Presupuesto, José Luis Araya, se comprometió a tratar de conseguir, en un plazo de pocas semanas, un nuevo presupuesto extraordinario para suplir ese dinero faltante.
