El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, pidió a la Presidencia de la República y a 12 ministerios, incluida su propia cartera, recortar ¢5.275 millones de sus presupuestos para financiar la construcción de una nueva cárcel, proyecto impulsado por el gobierno de Rodrigo Chaves e inspirado en el modelo implementado por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
A ese monto se sumaría un aporte adicional de ¢4.122 millones por parte del Ministerio de Seguridad Pública, según informó Hacienda. En conjunto, los fondos alcanzan un presupuesto inicial de ¢9.397 millones para el desarrollo del proyecto.
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (Mideplán) confirmó a La Nación que la propuesta constructiva del centro penitenciario fue inscrita el 10 de julio en el banco de proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública, a cargo de esa institución.
“A partir de este momento se abre la facultad que tiene ese ministerio para arrancar el proceso de licitación y buscar el aspecto presupuestario o el contenido presupuestario para poder avanzar en una adjudicación”, agregó Mideplán.
El proyecto fue caracterizado por Mideplán, en la comunicación enviada a este medio, como un “centro de alta contención”.
Desglose de los recortes
El Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) fue la institución a la que se le solicitó proporcionar la mayor cantidad de recursos, con un monto de ¢2.781 millones, lo que representa más de la mitad del total requerido entre las 13 entidades (sumados los 12 ministerios y Presidencia).
Así consta en los datos suministrados por el Ministerio de Hacienda, en respuesta a una consulta de La Nación
Este ajuste equivale aproximadamente al 53% del recorte total solicitado por Hacienda para financiar el nuevo centro penitenciario.
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En segundo lugar, se encuentra Salud, con una disminución de ¢886 millones, seguido del propio Ministerio de Hacienda, con una reducción de casi ¢365 millones. Sumadas, estas tres instituciones concentran más del 76% del total recortado entre todas las entidades.
Por el contrario, el monto más bajo fue requerido al Ministerio de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), con ¢34,3 millones, seguido por Relaciones Exteriores, con ¢43,5 millones, y la Presidencia de la República, con ¢45 millones.
Hacienda indicó que para definir el monto que cada entidad debía rebajar, se analizó la disponibilidad presupuestaria de este año en las partidas de Servicios, Materiales y Suministros, y Bienes Duraderos.
Sobre estos rubros, se realizó una proyección al cierre del año y se determinó el porcentaje de participación correspondiente a cada institución.
¿Y el resto de recursos?
El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, adelantó en mayo que los recursos para la nueva cárcel se obtendrían de partidas presupuestarias no ejecutadas por otras instituciones durante el 2025.
Según explicó entonces, la solicitud formal se realizaría una vez que la Asamblea Legislativa aprobara el primer presupuesto extraordinario, lo cual ocurrió el 26 de junio.
Ese mismo día, el Ministerio de Hacienda remitió las solicitudes a las instituciones involucradas, con un plazo hasta el 4 de julio, para que enviaran la información correspondiente, de acuerdo con la información proporcionada a este medio.
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Los recursos recortados, excepto los de Justicia y Paz, deberán ser incluidos posteriormente en un nuevo presupuesto extraordinario, que debe ser aprobado por los diputados para autorizar el traslado y uso de los fondos.
Aunque el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, mencionó en un inicio la necesidad de incorporar $35 millones (cerca de ¢18.000 millones) por medio de un presupuesto extraordinario, en junio indicó ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa que, por ahora, se limitarían a incluir el 40% de esos recursos para sufragar los gastos iniciales del proyecto.
El 60% restante será asignado en el plan de gasto del año 2026, que el Poder Ejecutivo debe entregar a la Asamblea Legislativa a más tardar el 1.º de setiembre.
Inspiración vino de El Salvador
El Poder Ejecutivo anunció su intención de construir en Costa Rica una cárcel inspirada en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) de El Salvador, tras una visita que realizó el ministro de Justicia y Paz, Gerald Campos, a esa prisión.
Si bien el Cecot tiene una capacidad para albergar hasta 40.000 reclusos, la propuesta costarricense tendría capacidad para solo 5.100 privados de libertad, en su mayoría personas con presuntos vínculos con el crimen organizado, señaladas por el gobierno como quienes están “en mayor conflicto con la ley”.
Sin embargo, aspectos clave del proyecto —como la fecha de inicio de obras, el modelo de financiamiento y la ubicación del terreno— aún no han sido definidos públicamente. Incluso, la construcción podría no concretarse durante la actual administración, pese a que esa fue la promesa inicial.
Al respecto, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica (CFIA) confirmó el 17 de julio a este medio que, en lo que va del 2025, no se ha registrado ningún proyecto relacionado con un centro penitenciario ante esa institución.
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Un ejemplo controversial
El Cecot es considerado como el penal más grande de Latinoamérica. Alberga a cerca de 15.000 personas acusadas de pertenecer a pandillas como Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18.
La prisión, inaugurada el 31 de enero del 2023 por el presidente salvadoreño Nayib Bukele, es vigilada por más de 1.800 agentes, entre custodios penitenciarios, soldados y policías fuertemente armados.
Los detenidos en el Cecot fueron capturados bajo un régimen de excepción que ha estado vigente por tres años, y que permite realizar arrestos sin orden judicial.
Esta política ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos debido a la falta de garantías procesales para las personas detenidas.