EscucharEl ministro de Seguridad Pública, Mario Zamora, busca retirar el personal de la Fuerza Pública asignado a la vigilancia y seguridad de las residencias de los expresidentes de la República y las exprimeras damas, regulado a través de un decreto ejecutivo desde hace 22 años.
En oficio remitido al procurador general de la República, Iván Vincenti Rojas, el 30 de abril pasado, Zamora consultó si el Poder Ejecutivo tiene la potestad, a través de derogatoria, de eliminar el decreto que establecía la asignación de personal policial a esas personas en específico.
“La prestación del servicio a los expresidentes y ex primeras damas de la República conlleva una disposición de personal y de otros recursos, implicándose un gasto cuantioso para brindar seguridad policial particularizada a las casas de habitación de los señores expresidentes y las señoras exprimeras damas”, explicó Zamora en su comunicación al procurador general.
El ministro también aseguró que esa norma lo obligaba a destinar recursos del Estado, que deben ser para todos los ciudadanos, a la atención particular de cuidar las casas de personas determinadas.
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Zamora alegó que los recursos policiales, por un principio general, deben utilizarse para la vigilancia y la seguridad de las personas y los bienes de toda la ciudadanía.
La Nación consultó a Zamora y a la oficina de prensa del MSP cuántos recursos se gastan por año en protección policial a residencias de expresidentes y exprimeras damas, pero al cierre de artículo no se habían recibido esos datos.
El argumento del ministro de Seguridad es que hoy existen leyes que le permiten a los expresidentes agenciarse su propia seguridad privada y, en caso de recibir amenazas de algún tipo, normas que también les permiten hacer las respectivas denuncias y acogerse a la Ley de protección a víctimas, testigos y demás intervinientes en el proceso penal.
La decisión de regular, vía decreto ejecutivo, la operación de ese personal de Fuerza Pública respondió, en 2003, a una consideración de la Contraloría General de la República, puesto que previo a esa fecha se daba esa vigilancia, pero sin una norma que la justificara ni regulara.
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Procuraduría respondió si Ejecutivo puede quitar policías a expresidentes
Sin hacer valoraciones específicas sobre la asignación de personal policial a las residencias de los expresidentes y exprimeras damas, la Procuraduría General de la República le respondió a Mario Zamora, en el criterio C-097-2025, del 26 de mayo, que el Poder Ejecutivo sí tiene la potestad de derogar un decreto ejecutivo como el que estableció la asignación policial a esas casas de habitación.
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Adicionalmente, la PGR señaló que no podía hacer ninguna consideración sobre el uso o gestión de recursos públicos, puesto que esa es una competencia exclusiva, constitucional y legalmente, de la Contraloría General de la República (CGR).
Con una respuesta general, y sin hacer referencia al caso específico, la PGR contestó que el mecanismo jurídico procedente para eliminar la norma de un decreto como el mencionado es la derogatoria “por razones de oportunidad y conveniencia”.
La Procuraduría enfatizó que el Poder Ejecutivo tiene la potestad tanto de emitir decretos como el 31208-MSP sobre la protección a las residencias de los expresidentes, como la de derogarlo o modificarlo, mediante la emisión de un nuevo decreto ejecutivo.
