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El gobierno de Laura Fernández quiere ampliar el equipo del Poder Ejecutivo encargado de su relación con la Asamblea Legislativa con nueve funcionarios adicionales, pese a que la fracción oficialista del Partido Pueblo Soberano (PPSO) ya cuenta con 182 asesores de confianza.
La previsión está incluida en el proyecto de Presupuesto Nacional 2027 mediante una asignación de ¢150 millones para nueve puestos temporales asignados al Viceministerio de Asuntos Parlamentarios.
El viceministro Alejandro Barrantes justificó la necesidad de los puestos en el cambio que experimentó la correlación de fuerzas en el Congreso: el oficialismo pasó de ocho diputados en la legislatura anterior a 31 en la actual.
Según Barrantes, ese salto no solo amplió la capacidad política del gobierno en la Asamblea Legislativa, sino también la cantidad de trabajo que realiza su despacho con los legisladores oficialistas y sus asesores.
“Nosotros hemos hecho la previsión de tener el espacio de nueve plazas para fortalecer el Viceministerio Parlamentario, precisamente porque hay un incremento importantísimo, no es lo mismo el trabajo que se venía haciendo con ocho diputados en la Asamblea pasada, a 31 ahora”, afirmó el jerarca ante la Comisión de Hacendarios.
Según Barrantes, la inclusión de los recursos no significa necesariamente que las personas serán contratadas. “Es una autorización de gasto para las nueve plazas; no necesariamente significa que se vaya ejecutar”, mencionó.
El viceministro afirmó que la utilización de los recursos dependerá de las necesidades estratégicas del despacho, del avance de los proyectos de ley y del ambiente que exista en la Asamblea Legislativa.
Salario sería de ¢1,6 millones por funcionario
Barrantes también defendió el nivel salarial previsto. Calculó que los recursos representan un promedio de aproximadamente ¢1,6 millones por persona.
El funcionario sostuvo que se busca contratar personal especializado en técnica legislativa y que atraer a personas con experiencia puede resultar difícil porque algunas de ellas actualmente trabajan en el sector privado con remuneraciones superiores.
“No es un personal fácil de conseguir y, evidentemente, las personas que hoy tienen esa experiencia y no están aquí en la Asamblea Legislativa, sino en el sector privado, pues son caras”, afirmó.
Añadió que, para atraer esos perfiles al sector público, debe existir la posibilidad de ofrecer un salario competitivo.
La explicación generó cuestionamientos de diputados de oposición, quienes pusieron en duda que sea necesario crear una estructura adicional en el Ejecutivo para apoyar el trabajo parlamentario de una fracción que ya dispone de un número considerable de asesores propios.
Los legisladores también criticaron que la administración Fernández decida priorizar un aumento de plazas para el Ministerio de la Presidencia, cuando el mismo proyecto de presupuesto plantea reducciones importantes en otras áreas del gasto público consideradas sensibles.
Para 2027, el gobierno de Laura Fernández propone disminuir en ¢205.416 millones los recursos destinados a funciones de “Orden Público y Seguridad” respecto del presupuesto de 2026.
Más diputados, más trabajo para el Ejecutivo
La principal justificación de Barrantes para aumentar el gasto parte del tamaño actual de la fracción oficialista, la cual ocupa 31 de los 57 escaños, lo que, según el viceministro, le permite al Ejecutivo contar con unas condiciones políticas más favorables para impulsar sus propios proyectos de ley.
“Nosotros colaboramos con cada uno de los 31 diputados en la revisión y elaboración de proyectos de ley para garantizar que cumplan o que tengan viabilidad con los ministerios”, manifestó.
Según su descripción, los funcionarios del viceministerio participan en mesas técnicas, revisan proyectos que provienen de instituciones públicas y dan seguimiento a las iniciativas que se encuentran en la Asamblea Legislativa.
La oficina también interviene en la discusión de modificaciones a proyectos y en la búsqueda de acuerdos con los legisladores.
Barrantes sostiene que el contar con más diputados oficialistas también modificó el volumen de iniciativas que desde Zapote se pueden presentar y tramitar en el Congreso.
Aseguró que en el periodo anterior, el Ejecutivo presentó 150 proyectos de ley, mientras que en los primeros cuatro meses de la actual administración, ya se han tramitado 35 iniciativas. Según sus cálculos, eso representa un promedio de 8,75 proyectos por mes y un crecimiento cercano al 300% en el ritmo de presentación de iniciativas.
“En el periodo anterior no podíamos presentar muchísimos proyectos de ley porque lamentablemente teníamos ocho de 57 votos y muchas de nuestras iniciativas no tenían viabilidad por la decisión de los señores diputados. Ahora, como les digo, hay un panorama distinto con 31 diputados; evidentemente, podemos ser muchísimo más proactivos presentando iniciativas”, afirmó.
Oposición critica gasto
El argumento de Barrantes fue cuestionado por el diputado Antonio Trejos, del Frente Amplio (FA), para quien el trabajo del viceministerio debe dirigirse al conjunto de la Asamblea y no concentrarse en facilitar las labores de los diputados de la bancada de gobierno.
“Usted trabaja para los costarricenses y, si es a nivel institucional, es para los 57 diputados; a usted no le corresponde hacerles el trabajo ni las mociones ni los proyectos”, le dijo Trejos a Barrantes.
El diputado cuestionó que el Ejecutivo utilice como justificación para contratar personal la necesidad de apoyar a los diputados oficialistas, dado que estos ya cuentan con equipos de asesores.
“Ellos tienen plazas y tienen asesores y que su justificación sea que necesita contratar asesores a ¢1.600.000 para hacer mociones, eso no está bien”, afirmó.
La justificación del jerarca también fue rechazada por Salvador Padilla, diputado del Partido Liberación Nacional (PLN), quien puso sobre la mesa el tamaño de la estructura de asesoría de Pueblo Soberano.
“No creo que sea necesario nueve asesores más para que usted realice el trabajo que realiza, sobre todo, teniendo en cuenta que la fracción de Pueblo Soberano tiene 182 asesores, es decir, es un pie de fuerza bastante grande”, manifestó.
Viceministro niega que se le esté haciendo el trabajo a los oficialistas
No obstante, Barrantes rechazó que su oficina esté sustituyendo las funciones de los asesores legislativos. “Cuando yo dije, es que nosotros colaboramos con los diputados y con sus asesores, nos sentamos con todos ellos a trabajar la carpintería. No les hacemos el trabajo”, respondió.
Según explicó, la intervención de su despacho se relaciona con aspectos de técnica legislativa y con la necesidad de coordinar las propuestas de los diputados con los ministerios y otras instituciones públicas.
“Yo también tengo que hacer un trabajo de vínculo entre las instituciones, los ministerios y los diputados oficialistas”, señaló.
Barrantes sostuvo que los diputados pueden plantear sus propias mociones, pero que las instituciones del Ejecutivo también pueden proponer cambios y que el personal técnico de los ministerios y demás dependencias desconoce cómo traducir esas propuestas a un texto legislativo.
Durante la discusión, el jefe de fracción del PPSO, Nogui Acosta, intervino para respaldar la explicación del viceministro. “La fracción de Pueblo Soberano es la fracción de gobierno y tiene una coordinación continua con el Ministerio de la Presidencia”, afirmó.
