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El gobierno de la presidenta Laura Fernández Delgado presentó este martes el Plan Nacional de Desarrollo 2027-2030, documento que fija las principales prioridades de su administración y establece los indicadores con los que se evaluará el cumplimiento de sus políticas.
Entre los objetivos planteados, el Gobierno prevé cerrar el periodo con un crecimiento económico del 3,9%. Como punto de referencia, el Plan Nacional de Desarrollo toma la tasa de variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) real de 2025, que fue de 4,6%.
“El crecimiento tiene sentido solamente si se convierte en empleo, en mejores ingresos y oportunidades para emprender y producir”, afirmó la mandataria.
Durante la presentación del documento, Fernández advirtió que alcanzar esas metas implica planificar en un contexto internacional marcado por la incertidumbre y conflictos que escapan al control del Poder Ejecutivo.
“Planificar en tiempos de incertidumbre geopolítica, de decisiones que no dependen de nuestro Gobierno y que no necesariamente están depositadas en nuestras manos, planificar en tiempos de guerra es difícil”, manifestó.
Reducción de pobreza y más empleo
En materia de reducción de la pobreza, el Gobierno se propone cerrar el periodo con una tasa del 14,4% de hogares en condición de pobreza por línea de ingresos. Esa cifra supondría una disminución de 0,8 puntos porcentuales respecto al valor base de 15,2% registrado en 2025.
Fernández afirmó que se trata de “una de las metas más ambiciosas de la historia de Costa Rica”.
En empleo, el Plan Nacional de Desarrollo establece como objetivo reducir la tasa de desempleo abierto al 6,2% al finalizar el periodo. La meta representa un descenso de 0,5 puntos porcentuales respecto al indicador registrado en 2025.
Reducción de homicidios
En materia de seguridad, el Gobierno se planteó reducir la tasa de homicidios dolosos a 15,3 por cada 100.000 habitantes para 2030. Esto representaría una diferencia de 1,5 puntos respecto a la tasa de 16,8 registrada en 2025.
El documento señala que los homicidios dolosos registraron un incremento abrupto a partir de 2022 y alcanzaron su punto máximo en 2023, con 905 víctimas y una tasa de 17,2 por cada 100.000 habitantes. Los niveles se mantuvieron elevados en 2024, con 879 decesos, y en 2025, con 872, “debido al impacto de las actividades vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico”, según el plan.
Fernández aseguró que “esta es una meta en donde el Gobierno de la República hará todo lo que esté en nuestras manos”, pero también señaló al Poder Judicial por la necesidad de que “asuma la revisión y la modernización de sus marcos normativos y de sus procesos de trabajo”.
La mandataria sostuvo que la actuación del Poder Judicial es necesaria para hacer frente a lo que calificó como una “crisis de impunidad” y una “crisis de personas que deberían estar encerradas, y no sueltas”.
