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La Fiscalía General de la República emitió una alerta migratoria contra la exdiputada Pilar Cisneros Gallo, este miércoles, como imputada en la causa penal sobre la presunta estructura de financiamiento electoral de la campaña 2022.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público, este jueves al mediodía, después de que varios medios afines al gobierno difundieron preliminarmente la información.
La alerta migratoria se debe a que la Fiscalía General requiere citar a Pilar Cisneros para que emita su declaración indagatoria dentro de esa causa judicial, ahora que ya no tiene inmunidad como legisladora y se puede avanzar en dicha causa.
El Ministerio Público reveló que la exjefa de la fracción oficialista del periodo 2022-2026 no ha podido ser citada para declarar ni en su casa ni por medio de su teléfono.
Además, la Fiscalía reveló que ya fueron indagadas las otras tres personas que figuran como imputadas y que ya no ostentan la inmunidad.
Se trata de los exdiputados Waldo Agüero Sanabria, Luz Mary Alpízar Loaiza y Paola Nájera Abarca, quien ocupa el cargo de presidenta ejecutiva de la Junta de Protección Social (JPS), en el gobierno de Laura Fernández.
En la acusación original, presentada por el fiscal general, Carlo Díaz, a finales de junio de 2025, también figuran el ministro de la Presidencia y de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, y el diputado de Pueblo Soberano Stephan Brunner Neibig, quienes aún tienen inmunidad, uno como parte del gabinete de Fernández y el otro como congresista de la República.
“Se aclara que el documento emitido no indica ni requiere que cada entrada y salida del país de la señora Cisneros deba ser informada a la Fiscalía”, aclaró el Ministerio Público sobre la alerta migratoria emitida contra Cisneros.
Además, se indicó que el caso no es atendido directamente por el fiscal general, Carlo Díaz, pues no se trata de personas que tengan algún fuero de inmunidad.
De hecho, la nota enviada este miércoles a la Dirección de Migración y Extranjería es firmada por una fiscala adjunta.
En el documento, solo se solicita información sobre si Cisneros pretende ingresar o salir del país por algún medio o frontera.
La Nación le solicitó a la exdiputada una declaración, desde las 11:58 a. m. de este jueves; sin embargo, no se recibió ninguna respuesta de su parte.
¿De qué se trata la acusación?
El Ministerio Público les atribuye a las seis personas la comisión de presuntos delitos electorales. Según comunicó la Fiscalía, se captaron recursos y se cubrieron gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento que operaron al margen de la ley, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes, tal como lo reveló La Nación en marzo de 2022.
Según la Fiscalía, la campaña de Chaves y el PPSD se habría beneficiado de dos estructuras paralelas. Una operó por medio del fideicomiso Costa Rica Próspera y otra mediante las cuentas bancarias de Sofía Agüero Salazar, quien coordinó la agenda de Chaves durante parte del 2021. Ella es hija del exdiputado Waldo Agüero, quien figura como imputado en esta causa.
En criterio del Ministerio Público, ambas vías de financiamiento “operaron al margen del control del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) y de la Tesorería del partido político, tal como exige el Código Electoral, contraviniendo los principios de legalidad, transparencia y publicidad que rigen el financiamiento político en Costa Rica, afectando la integridad del proceso electoral”.
