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La Fiscalía General y el OIJ decomisaron este miércoles los teléfonos celulares a cuatro altos funcionarios públicos: el diputado Leslye Bojorges, de la Unidad Social Cristiana (PUSC); el viceministro de Transportes, Carlos Ávila; la alcaldesa de San Ramón, Gabriela Jiménez, del PUSC; y la presidenta ejecutiva del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal (IFAM), Marlen Luna. Así lo confirmaron fuentes del Ministerio Público.
La acción se enmarca en una investigación paralela que se derivó del Caso Madre Patria. Este último es un expediente judicial en el que se investigan presuntos fraudes para apropiarse de bienes inmuebles y luego venderlos a terceros.
El viceministro de Transportes confirmó a La Nación que le retiraron el teléfono.
“Efectivamente, hoy me decomisaron los dispositivos celulares, es un caso que está en investigación y colaboraré con las autoridades en todo lo que necesiten durante el proceso”, dijo Ávila.
Por su parte, el legislador Leslye Bojorges declinó declarar sobre el caso y convocó una conferencia este jueves a las 12 p. m.
Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), confirmó que se decomisó el teléfono a cinco personas por este caso. Así reaccionó después de que el abogado Juan Diego Castro cuestionó el decomiso hecho a la alcaldesa de San Ramón.
“En cuanto a las declaraciones que hicieron hoy en una conferencia de prensa en Casa Presidencial, es importante destacar que, como parte del Caso Madre Patria, se dieron el día de hoy cinco decomisos de celulares a cinco personas diferentes, con una orden de un juez y también con la dirección funcional del Ministerio Público”, dijo el jefe policial.
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“Es importante destacar que todas las acciones que realiza el OIJ siempre se hacen dentro del marco regulatorio de este país y, en este caso, pues es una continuación, o una ampliación del caso principal de Madre Patria”, precisó.
El director del OIJ recordó que el caso original se relacionaba con fraudes registrales y con “algun tipo de facilitación de las actividades criminales presuntivamente por parte de algunos funcionarios públicos”.
A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, la alcaldesa Gabriela Jiménez calificó el hecho como un acto de violencia y persecución política. Además, arremetió contra el fiscal general de la República, Carlo Díaz.
“Lo que usted hizo el día de hoy, señor fiscal, es un acto de corrupción. Utilizar los recursos públicos de los costarricenses para una cacería y un persecución política es una acto de corrupción”, alegó la alcaldesa.
Asimismo, explicó que ella no tiene relación con la causa que se investiga, sino que el imputado es un hombre “fuera de este cantón y fuera de ninguna relación con mi función publica como alcaldesa”.
Finalmente, Jiménez pidió a Randall Zúñiga, director del OIJ, retractarse de sus declaraciones, porque ella “que no tiene cola que le majen”.
El Caso Madre Patria trascendió el 25 de junio, cuando se hicieron 47 allanamientos en Alajuela, Heredia, Cartago, San José y Puntarenas. Ese día, 35 personas fueron detenidas. Al parecer, estas legitimaban el dinero obtenido comprando vehículos de alta gama e invirtiendo en criptomonedas y en servicios de transporte de pasajeros.
