La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) acusó a Héctor Chaves León, director del Benemérito Cuerpo de Bomberos, por ocho supuestos delitos de peculado de uso.
Según el artículo 354 del Código Penal, el delito de peculado de uso lo comete aquel “funcionario público que emplee, en provecho propio o de terceros, trabajos o servicios pagados por la Administración Pública o bienes propiedad de ella”. La pena por esta actividad ilegal va de tres meses a dos años de prisión.
En la causa, también figura como investigada una asistente administrativa de la jefatura de Batallón 12, de apellidos Méndez Navarro. Según la Fiscalía, ambos funcionarios habrían utilizado vehículos institucionales en actividades particulares que no tienen relación con las funciones públicas.
La oficina de prensa del Ministerio Público informó a La Nación de que el expediente N.° 21-000011-1218-PE está relacionado con el uso de vehículos institucionales en las afueras de la Asamblea Legislativa.
A finales de agosto, Bomberos organizó una protesta en la Asamblea Legislativa con camiones extintores y vehículos de la institución, en rechazo del proyecto de ley 24.518, impulsado por el diputado Gilbert Jiménez, del Partido Liberación Nacional (PLN), el cual busca redistribuir los recursos generados por la venta de primas de seguros para asignar más fondos a los cuerpos policiales y al Ministerio Público.
La oficina de prensa de Bomberos indicó que no se referirá al tema para no afectar el proceso judicial.
“La acusación fue presentada ante el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública el 9 de setiembre, con solicitud de auto de apertura a juicio. A esa misma petición se le agregaron querellas (acusaciones particulares) y acciones civiles resarcitorias (para reclamos económicos) del Instituto Nacional de Seguros (INS) y la Procuraduría General de la República (PGR)”, indicó la Fiscalía en un comunicado enviado este martes.
La oficina de prensa del INS comunicó que presentó la querella y la acción civil ante el Ministerio Público el 2 de setiembre; sin embargo, según el artículo 295 del Código Procesal Penal, el caso se encuentra en la fase preparatoria y no es público para terceros, por lo que declinó brindar más información.
“El INS reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de la ley, y continuará colaborando con las autoridades judiciales conforme al marco legal correspondiente”, indicó la aseguradora estatal.
La Nación también consultó a la PGR sobre las acciones que tomó en relación con la investigación contra Chaves León y Méndez Navarro, pero la consulta se mantiene en trámite.
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Investigación por vuelo privado y desvío de fondos públicos
Del expediente N.° 21-000011-1218-PE, se derivó un testimonio de piezas que se investiga de forma independiente bajo la sumaria N.° 24-000276-1218-PE. La Fiscalía confirmó a este diario que, en este nuevo expediente, se investiga un vuelo privado pagado presuntamente con fondos de Bomberos, así como la posible distracción de recursos públicos mediante el uso de una fundación.
El vuelo, que costó $865, se realizó el 9 de octubre del 2020 entre Pérez Zeledón y el aeropuerto Tobías Bolaños, en Pavas. En la aeronave, viajó una funcionaria de apellidos Méndez Navarro, quien se habría desplazado a la capital para gestionar una visa en la Embajada de Estados Unidos, según consta en el expediente judicial. Aunque meses después la funcionaria devolvió el monto del viaje, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrió una pesquisa en 2021 tras recibir denuncias anónimas.
El 26 de octubre de 2022, la Policía Judicial y la FAPTA realizaron ocho allanamientos en la Dirección de Tecnología del Cuerpo de Bomberos, en Santo Domingo de Heredia; en un hangar de Volar Helicopters S. A., en Pavas; en una vivienda en Montes de Oca, y en una oficina de contaduría pública, como parte de la investigación.
En cuanto a la supuesta distracción de recursos públicos mediante una fundación, la indagación se vincula con la falta de controles en la recolección de patrocinios y donaciones para actividades culturales y deportivas, gestionadas a través de la Fundación Bomberos por Siempre (Fubosi), creada mediante un convenio de cooperación con Bomberos.
El Reglamento de Donaciones y Patrocinios del Benemérito Cuerpo de Bomberos establece, en su artículo 12, que todo patrocinio o donación debe depositarse en las cuentas de Bomberos. Sin embargo, Stephanie Porras, encargada de la Unidad de Servicios Financieros, no registró ningún traslado de fondos entre Fubosi y Bomberos entre el 1.° de enero y el 7 de mayo del 2021.
Entre 2017 y 2019, Fubosi gestionó patrocinios mediante el departamento de Mercadeo de Bomberos, utilizando la imagen institucional para actividades como el Campamento Infantil de Bomberos, Cascos de Prevención, la Carrera Bomberos y la Ruta MTB Bomberos Costa Rica. Según un informe de Auditoría Interna del Cuerpo de Bomberos al que La Nación tuvo acceso en 2022, los ingresos por estas actividades se canalizaron exclusivamente a través de las cuentas de Fubosi.
Los montos recaudados y el destino de esos fondos no trascendieron. La administración de Bomberos indicó que Fubosi es una entidad privada sujeta a la Ley de Fundaciones, por lo que se debe respetar la confidencialidad de la información, según el artículo 24 de la Constitución Política.
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