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La fracción del Partido Nueva República (PNR), encabezada por el diputado Fabricio Alvarado, pedirá al presidente de la República, Rodrigo Chaves, sacar a Costa Rica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en caso de que dicte sentencia contra el El Salvador por el Caso Beatriz.
En dicho caso, la Corte IDH analiza una presunta violación de derechos humanos a una joven salvadoreña en pobreza extrema, a quien se le negó una interrupción del embarazo a pesar de que su vida corría peligro y de que el feto tenía anencefalia, una malformación congénita que le impediría vivir fuera del útero.
Por su parte, Beatriz sufría lupus eritematoso sistemático, nefropatía lúpica y artritis reumatoidea. Según la parte demandante, se le obligó a continuar con el embarazo y el feto falleció cinco horas después de nacer.
Alvarado argumentó que el fallo de la Corte IDH podría abrir “el camino para la legalización del aborto”. En conferencia de prensa, anunció una moción de orden para que la Asamblea Legislativa apoye la solicitud al Poder Ejecutivo.
El diputado aseguró que, si el plenario rechaza la moción, su partido seguirá adelante con gestiones ante la Presidencia de la República, para que denuncie la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada también Pacto de San José, aunque el abandono de esa convención no exima al Estado costarricense del cumplimiento de los derechos humanos.
En la moción, los fabricistas aseguran que la joven “nunca estuvo en riesgo inminente de muerte” y que médicos, abogados y activistas proaborto “abusaron de su situación de vulnerabilidad y distorsionaron la percepción de Beatriz para manipularla y solicitar aborto para su caso”.
La moción lleva las firmas de los diputados Alvarado, Pablo Sibaja y Rosalía Brown, de Nueva República (PNR); Vanessa Castro, Alejandro Pacheco, Horacio Alvarado, Carlos Andrés Robles y María Marta Carballo, de la Unidad Social Cristiana (PUSC), así como Dinorah Barquero, de Liberación Nacional (PLN).
En una conferencia de Nueva República junto a la exdiputada Shirley Díaz, como vocera de un frente nacional por la vida, se afirmó que la Corte sentaría precedentes internacionales sobre la necesidad de protocolos o guías para la interrupción del embarazo o el aborto terapéutico, a fin de “ampliar las causales de despenalización del aborto y fomentar su práctica”.
Una semana atrás, consultado durante la conferencia de prensa semanal de la Presidencia, el mandatario Rodrigo Chaves aseguró que su gobierno no promueve ni permitirá el aborto libre.
Además, el canciller, Arnoldo André, alegó que el caso en cuestión no implica jurisprudencia para Costa Rica ni sería vinculante para el país. En diciembre del año pasado, el mandatario había amenazado con sacar al país de la Corte, durante una entrevista con un medio, precisamente sobre el caso Beatriz.
Corte IDH está en sesiones
La Corte IDH se encuentra en periodo de sesiones ordinarias entre el 11 y el 29 de noviembre.
Su sitio web describe que el Caso Beatriz se relaciona con violaciones a los derechos de la salvadoreña y su familia, debido a la supuesta prohibición absoluta de la interrupción voluntaria del embarazo en El Salvador, lo que presuntamente impidió que la joven tuviera la posibilidad de acceder a una interrupción legal, temprana y oportuna de su gestación.
Beatriz quedó embarazada por primera vez en julio del 2011, cuando tenía 20 años y vivía en La Noria Tierra Blanca, municipio de Jiquilisco. En esa ocasión, tuvo que ser hospitalizada dos veces por anemia y exacerbación de su cuatro de lupus.
“El 2 de marzo inició su trabajo de parto, que se complicó por una preeclampsia, tuvo cesárea y su hijo sobrevivió luego de 38 días internado. En mayo del 2012, un médico le informó de que no podría embarazarse nuevamente y la citó para hacerle una esterilización quirúrgica, pero ella no asistió por temor a lo que pudiera pasar”, explica la Corte.
Luego, según la descripción del caso en la página de la Corte IDH, se le diagnosticó un segundo embarazo, en febrero del 2013, de 11 semanas, que fue de alto riesgo. El 7 de marzo, se le informó que existía una malformación congénita en el feto, con una condición de anencefalia, incompatible con la vida extrauterina. Se le dijo que si el embarazo avanzaba, existía la posibilidad de que ella muriera.
“Ante la prohibición de aborto terapéutico en El Salvador, la defensa legal de Beatriz presentó una demanda de amparo solicitando la interrupción del embarazo, a efectos de salvar la vida de Beatriz. La Sala Constitucional admitió la demanda de amparo y dictó una medida cautelar, pero el 28 de mayo del 2013 declaró “no ha lugar” la demanda, ya que consideró que no hubo una conducta omisiva por parte de las autoridades demandadas que hubiera producido un grave peligro a los derechos a la vida y a la salud de Beatriz. Según se informa, el 3 de junio, Beatriz comenzó con labor de parto, por lo que debió ser sometida a una cesárea, y el feto anencefálico falleció cinco horas después”, dijo.
La defensa de la joven adujo que en el caso confluyeron factores de vulnerabilidad y riesgo de discriminación asociados con la condición de mujer joven y persona en condición de pobreza.
