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La exministra de Comunicación, Patricia Navarro, celebró que saliera a la luz pública la forma en que un funcionario del despacho del presidente Rodrigo Chaves pidió el despido de su esposo, en el Cuerpo de Bomberos, después de que ella reveló audios de Presidencia sobre una presunta contratación irregular con fondos del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
“Hay que tener claro una cosa, Rodrigo Chaves Robles no se ensucia las manos, él manda su gente para hacer el trabajo sucio. Ese es su modus operandi. Gracias a Dios, la verdad sale a la luz y Mónica Araya tuvo la valentía de contarlo hoy”, aseveró la exministra.
Araya, expresidenta del Instituto Nacional de Seguros (INS) y del Cuerpo de Bomberos, declaró este jueves, bajo juramento en la Asamblea Legislativa, que un funcionario del despacho de Chaves le pidió, en una reunión privada, despedir a Juan Pedro Cabrera, un bombero con 28 años de experiencia.
Araya se negó a cesar al bombero, pero, dos meses después de su salida del INS, el Cuerpo de Bomberos lo despidió de manera inmediata y sin preaviso, en junio del 2024.
Al respecto, la exministra de Comunicación dijo sentirse feliz de que lo sucedido saliera a la luz.
“Lo repetí muchas veces, pero nadie me creyó. Afortunadamente, Mónica (Araya) dio la declaración hoy ante la comisión (legislativa) y vino a confirmar lo que ya yo sabía”, dijo Navarro.
La expresidenta del INS reveló la solicitud de despido luego de ser consultada por el diputado Francisco Nicolás, del Partido Liberación Nacional (PLN), en sesión de la Comisión para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, donde la exfuncionaria asistió para responder sobre el caso Tradeco.
Destitución grupal
En ese momento, Cabrera, un bombero con 28 años de experiencia, fue cesado junto con otros funcionarios mediante el artículo 123 de la Convención Colectiva de Bomberos, que permite despidos sin justa causa con el pago de todos los extremos laborales.
Esa disposición ha sido blanco de fuertes críticas por parte de trabajadores despedidos, quienes sostienen que se ha convertido en un instrumento para callar a quienes incomodan dentro del Cuerpo de Bomberos. El artículo está actualmente bajo impugnación en la Sala Constitucional y, en varias sentencias, distintos tribunales ya han ordenado reinstalar a funcionarios removidos mediante ese mecanismo.
