Los magistrados del Tribunal de Corte Plena acordaron este martes, con 15 votos a favor y siete en contra, solicitar a la Asamblea Legislativalevantarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves Robles para que enfrente una acusación penal por el presunto delito de concusión, relacionado con un contrato de $405.800 financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).
De los votos en contra, dos provienen de la Sala Primera, dos de la Sala Segunda, uno de la Sala Tercera y dos de la Sala Constitucional.
Estos son los siete jueces que votaron en contra:
Damaris Vargas Vásquez – Sala Primera
Iris Rocío Rojas Morales – Sala Primera
Jorge Olaso Álvarez – Sala Segunda
Roxana Chacón Artavia – Sala Segunda
Gerardo Rubén Alfaro Vargas – Sala Tercera
Luis Fernando Salazar Alvarado – Sala Constitucional
Ana María Picado Brenes (suplente) – Sala Constitucional
“Los otros siete magistrados votaron por devolver el expediente al Ministerio Público, al considerar que, con la prueba que consta en el proceso, no es posible realizar el juicio de probabilidad sobre la comisión del delito que, a su criterio, exige la ley”, indicaron desde la Corte Suprema de Justicia.
Ahora será la Asamblea Legislativa la que decidirá si procede el levantamiento de la inmunidad del mandatario. Para que eso ocurra, se requiere el voto favorable de al menos 38 diputados.
De izquierda a derecha, arriba, los magistrados Luis Fernando Salazar, Damaris Vargas, Gerardo Alfaro y Jorge Olaso; abajo, Roxana Chacón, Iris Rocío Rojas Morales y Ana María Picado Brenes.
(Archivo/Archivo)
Esta es la primera vez que se solicita levantar la inmunidad a un mandatario en ejercicio.
Además de Chaves, los magistrados solicitaron el levantamiento del fuero de improcedibilidad (inmunidad) al ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives, quien está acusado por los mismos hechos. Él se desempeñaba como jefe de despacho del presidente cuando se produjo la contratación.
La Fiscalía General señala que el mandatario habría pedido al empresario audiovisual Christian Bulgarelli entregar $32.000 a su entonces asesor de imagen, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de la adjudicación del contrato para brindar servicios de comunicación a Casa Presidencial.
Según la acusación, ese dinero fue utilizado por Cruz para enganchar una casa en un condominio.
La tesis de la Fiscalía es que el contrato fue hecho a la medida para que la empresa de Bulgarelli, RMC La Productora S. A. (Nocaut), ganara el contrato con el BCIE.
La acusación contra Chaves y el ministro Rodríguez fue presentada hace tres meses, el 7 de abril.
Trabajó en La Nación hasta el 2025. Encargado de asuntos judiciales y de sucesos en La Nación desde setiembre del 2023. Es bachiller en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Se dedica a la comunicación desde el 2021.
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